TRANSPORTES 9 DE JULIO S.A. S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-
La actora promovió recurso extraordinario de inconstitucionalidad local cuestionando la validez de la notificación y el traslado de la demanda en un proceso declarativo. El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso, declaró la arbitrariedad del decisorio apelado por vulnerar el debido proceso y ordenó retrotraer las actuaciones hasta el traslado de la demanda, disponiendo que el mismo se practique por treinta (30) días.
¿Quién es el actor?
TRANSPORTES 9 DE JULIO S.A.
¿A quién se demanda?
Contra la sentencia R.R. CIVIL N° 113/21 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral N° 2 de la Primera Circunscripción (parte contraria no individualizada en el extracto).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad local impugnando la validez del acto de notificación/traslado de la demanda y alegando violaciones al debido proceso y al derecho de defensa.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Se ordenó retrotraer las actuaciones hasta el traslado de la demanda y que éste se practique por TREINTA (30) DÍAS; se regularon honorarios por un 40% sobre lo que se haya regulado en primera instancia en el planteo de nulidad; costas a la vencida.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En el caso de autos se logra advertir que tal recaudo no se produjo, ya que no proveyó el traslado de la demanda en ninguna oportunidad e inclusive no se alcanzó a determinar con rigor de verdad el plazo cierto para que tal contestación se produzca. Asimismo, corresponde señalar que se omitió también considerar que, por las singulares características que posee el Estado en los procesos judiciales, exige que para su oportuna y legítima concurrencia a los tribunales, se observen normas especiales dispuestas para su efectiva notificación, cuyas notas distintivas, tienen por finalidad la constitución válida de la relación jurídico procesal que se desarrollará entre las partes, a lo largo del proceso.
Por lo expuesto, el traslado debió ordenarse por el plazo de treinta (30) días en virtud de lo dispuesto por el art. 793 del CPCC, ello, como conclusión que deviene del análisis de los antecedentes de la causa, cuyo detalle pormenorizado ha efectuado la Procuración en su dictamen precedente y a los que brevitatis causae me remito.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la notificación del traslado de la demanda es, sin duda, la más importante de todas las que se practican en el proceso, entiendo que a los efectos de apreciar el cumplimiento de los recaudos legales requeridos para la notificación, hay que proceder con criterio estricto y, en caso de dudas, hay que atenerse a la solución que evite vulnerar derechos de origen constitucional, cuyo fin es proteger el derecho de defensa del demandado."
Cita jurisprudencial invocada: "… de la regularidad del acto de notificación de demanda depende la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad, ya que la garantía constitucional de la defensa en juicio requiere que se otorgue al interesado ocasión adecuada para su audiencia y prueba en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales..." (CS, 19/09/2000 “Cano Román, Alberto D. c. Suarez Freiría, Néstor J. y otro”, Fallos 323:2653).
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Cecilia Chada, Andrea Carolina Monte Riso y Jorge Alberto Levingston votaron en igual sentido. No se registran disidencias en el acuerdo final.
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