INCIDENTE CONTIENDA NEGATIVA DE COMPETENCIA MR. BUSTOS MAYCOL LAUTARO S/ MEDIDAS DE PROTECCION

¿Quién es el actor?

El Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 1 (se había declarado inicialmente incompetente y remitió las actuaciones).

¿A quién se demanda?

El Juzgado Penal Juvenil y Contravencional de la Primera Circunscripción Judicial (se opuso a la remisión y se declaró incompetente).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Incidente de contienda negativa de competencia respecto de quién debe adoptar medidas de protección, coercitivas o socioeducativas frente a la situación del adolescente (autos PEX 338327/22 “MR. BUSTOS MAYCOL LAUTARO S/ MEDIDAS DE PROTECCIÓN”).

¿Qué se resolvió?

El Superior Tribunal resolvió que corresponde la competencia para la adopción de las medidas de protección al Subprograma de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Poder Ejecutivo Provincial; por haberse adoptado ya intervención de ese organismo, declaró abstracto el conflicto de competencia. Ordenó devolver las actuaciones al Juzgado de Familia Nº 1 para que comunique lo resuelto al Ministerio de Desarrollo Social y que se comunique asimismo al Juzgado Penal Juvenil y Contravencional.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En cuanto a las medidas de protección, el art. 246 del CPP, establece la incompetencia de la justicia penal y la necesidad de su adopción ante la vulneración de derechos, diciendo textualmente: '…La imposición de cualquiera de las medidas socioeducativas previstas en este Código requerirá la plena convicción judicial, motivada en pruebas legítimas, sobre aquellos extremos fácticos, siempre que no concurra alguna de las hipótesis del Artículo 34 del Código Penal. En ningún supuesto se aplicarán medidas de protección en el sistema penal. En caso de archivo, sobreseimiento o absolución, si se hubiera verificado alguna otra situación que requiera la intervención estatal en protección del adolescente, se remitirán los antecedentes al organismo administrativo competente. Aún cuando se acredite la probable existencia del hecho y la participación del niño, niña o adolescente, en el supuesto de detectarse paralelamente alguna situación de vulneración de derechos, el Juez a petición de parte o aun de oficio, deberá proceder como lo dispone el párrafo anterior'."

"Por otra parte, el sistema de Protección Integral de las niñas, niños y adolescentes regulado en el título III de la ley 26.061, en su art. 33 nos explica que las 'Medidas de protección integral de derechos. Son aquéllas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias'."

"Sentado ello y resultando competente para la adopción de las medidas de protección correspondientes los organismos administrativos previstos por el Poder Ejecutivo Provincial, constando en los autos principales que el Subprograma de Niñez, Adolescencia y Familia ya ha tomado debida intervención debiendo continuar con las mismas. Que los Juzgados de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia, solo resultan competentes en el caso de adoptarse medidas de carácter excepcional, entiendo que no corresponde emitir pronunciamiento en virtud de que la cuestión se ha tornado abstracta."

¿Cómo votaron los jueces?

No consta disidencia en el dispositivo final; la resolución aparece suscripta por los Dres. Levingston, Monte Riso y Chada.