SINDICATO DE JUDICIALES PUNTANOS (SI.JU.PU.) C/ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS - S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.-

¿Quién es el actor?

Sindicato de Judiciales Puntanos (SI.JU.PU.)

¿A quién se demanda?

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se trata del expediente principal caratulado “SINDICATO DE JUDICIALES PUNTANOS (SI.JU.PU.) C/ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS - S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” (IURIX EXP Nº 366825/21). En estos autos se ventilan excusaciones planteadas respecto de la intervención de magistrados por anteriores actuaciones.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a las excusaciones solicitadas por el Sr. Ministro Dr. Eduardo Segundo Allende y por la Dra. María Nazarena Chada; regístrese y notifíquese. La resolución está firmada digitalmente por los Dres. José Guillermo L’Huillier, Horacio G. Zavala Rodríguez (h) y María Claudia Uccello; no firman los Dres. Jorge Alberto Levingston, Andrea Carolina Monte Riso y Cecilia Chada por encontrarse recusados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Que analizado el expediente traído a estudio, surge que el Dr. EDUARDO SEGUNDO ALLENDE ha tenido intervención en los mismos (ESCEXT N° 19295887 de fecha 19/05/22), como Fiscal de Estado de la Provincia de San Luis, encontrándose comprendido en la causal del art. 17 inc. 7 del CPC y C.

Asimismo, surge la intervención de la Dra. CECILIA CHADA de los documentos adjuntos en ESCEXT N° 15900504 de fecha 08/03/21, por lo que procede admitir el apartamiento solicitado, considerando configurada la previsión legal de los arts. 194 de la Constitución de la Provincia y 30 del CPC y C.

Al respecto, este Superior Tribunal tiene dicho: “…doctrina especializada ha precisado el alcance que debe darse a la norma, la que debe abarcar con amplitud “…el rol que desempeñó el juez como letrado, mandatario, o bien representante de alguna de las partes, en ese o en otro pleito distinto…” (ARAZI, Roland – ROJAS A. Jorge, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, segunda edición actualizada, Tomo I, artículos 1 a 303, RubinzalCulzoni Editores, Santa Fe, 2007, pág. 80).

Se ha sostenido que: “Para la existencia del debido proceso, es necesario que el juzgador sea un real tercero en la relación litigiosa, de modo que, cuando no está en esa condición, tiene el deber legal de hacerlo saber a las partes mediante su excusación, instrumento que la ley proporciona para hacer conocer la falta de competencia subjetiva. Por consiguiente, el magistrado tiene que apartarse del conocimiento de todo pleito respecto de cuyo objeto o de sus partes no puede actuar con la plena garantía de imparcialidad e independencia que requiere su actividad jurisdiccional…” (Corte de Justicia de Salta, Tapia Gómez Blanca s/ Incidente de revisión de crédito verificado al BEAL en: SASDA s/ Quiebra, 20/09/2006, RC J 566/07, en http://www.rubinzal.com.ar//jurisprudencia/buscador, acceso 20/04/18). (STJSLS.J.–S.I. Nº 136/19 “BANCO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS c/ FLORES YUBRAN y OTRO s/ EJECUTIVO - RECURSO DE QUEJA” – IURIX EXP N° 306969/17).

Por lo expuesto y en razón de que la garantía de imparcialidad es inherente al ejercicio de la función judicial y se halla relacionada con la validez misma de los actos decisorios emanados del juez, se impone la aceptación de las excusaciones planteadas para preservar la imparcialidad judicial, y, consecuentemente, asegurar el debido proceso legal.”

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución constó firmada digitalmente por los Dres. José Guillermo L’Huillier, Horacio G. Zavala Rodríguez (h) y María Claudia Uccello; los Dres. Jorge Alberto Levingston, Andrea Carolina Monte Riso y Cecilia Chada no firman por encontrarse recusados.