Marcos Julio Fernandez

¿Quién es el actor?

Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación (impuso la sanción).

¿A quién se demanda?

Marcos Julio Fernández (apelante de la multa).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Multa de cien millones de pesos por infracción a los arts. 10 y 20 del decreto 3797/67 y 12, inc. a), en correlación con el art. 4 de la ley 19.982.

¿Qué se resolvió?

La Corte dirimió el conflicto negativo de competencia y declaró que debe entender en la causa la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Las leyes sobre procedimiento y competencia son de orden público, y que, por consiguiente, las nuevas que se dicten pueden aplicarse a las causas pendientes (Fallos: 181:288; 193:197), nada impide la actuación inmediata del art. 22 de la ley 22.802 para el juzgamiento de infracciones cometidas durante la vigencia de la ley 19.982, puesto que las leyes ex post facto prohibidas por la Constitución Nacional, son las que se refieren a la definición de los delitos y las penas, y no las que regulan la manera de descubrirlos y perseguirlos (Fallos: 181:288)."

"No se advierten razones para considerar que la nueva ley torne más gravosa la situación del justiciable, ya que no afecta la validez de los actos concluidos o deja sin efecto lo actuado con anterioridad a su vigencia (Fallos: 200:180), ni implica la aplicación retroactiva de normas penales ex post facto, sino que permite su aplicación sólo cuando ellas sean más benignas que las que regían al momento del hecho."

Sobre la inconstitucionalidad planteada por el Fiscal: "Idéntica cuestión fue planteada... en la causa 'Sancor s/apelación resolución'... aquella norma no se encuentra en pugna con la Ley Fundamental."

Dictamen del Procurador General (Gauna) en igual sentido: no existe óbice constitucional para aplicar el art. 22 de la ley 22.802.