Celia Ramona Fadlala de Ferreyra

¿Quién es el actor?

Celia Ramona Fadlala de Ferreyra (docente interina). En el segundo expediente, Carlos Alberto Lofeudo, Auxiliar Superior del Juzgado Federal N° 3 de La Plata.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Educación de la Nación.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción de amparo para obtener la reincorporación en las Escuelas Nacionales de Educación Técnica N° 1 y N° 3 de Rosario, tras haber sido separada del cargo interino. En el segundo expediente, avocación para dejar sin efecto la designación de Oficial Superior de Primera efectuada por la Cámara Federal de La Plata.

¿Qué se resolvió?

En el primer expediente, la Corte declaró formalmente admisible el recurso extraordinario sólo en cuanto a la irrazonabilidad e ilegalidad de la separación, desestimó el planteo sobre la admisibilidad del amparo por ser cuestión procesal ajena a la instancia extraordinaria, y confirmó la sentencia en lo que fue materia de recurso, con costas a la demandada. En el segundo expediente, avocó la causa y dejó sin efecto el acuerdo de superintendencia del 23 de agosto de 1983.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"5º) Que en el caso la demandada sostiene que obró en ejercicio de las facultades discrecionales que le otorgaba la resolución 287/81 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en virtud de la cual las designaciones del personal docente interino o suplente son ad referendum del superior, quien puede dejarlas sin efecto.

6º) Que del examen de la resolución 287/81 se puede inferir que su fin es permitir que el superior controle el respeto de lo dispuesto por la resolución 180/80 de la Secretaría de Estado de Educación y la Circular No 9 de la Dirección de Personal (...) Se trata en consecuencia de un supuesto de actividad administrativa reglada en la que la función del superior está limitada a una supervisión de legalidad que no incluye potestades discrecionales; por lo tanto el acto impugnado es naturalmente susceptible de control judicial.

7º) Que de las constancias de la causa no surge que la actora dejara de cumplir con la reglamentación vigente, desprendiéndose sólo que la causa por la cual no se confirmó la designación interina y se la separó del cargo se funda en imprecisas 'razones de seguridad' (ver fs. 17 y 47), afirmación ésta que carece de la razonabilidad necesaria para dar basamento a lo resuelto. En un Estado de Derecho la sola invocación de razones de seguridad, sin un andamiaje objetivo que la motive y sin que el interesado tenga garantizada su defensa, no puede justificar nunca, como pretende la recurrente, la privación del pleno goce de los derechos constitucionales de trabajar y de enseñar.

8º) Que al respecto la Corte ha sostenido que la circunstancia de que la administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado (...)"

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"3º) Que, en principio, es facultad privativa de las Cámaras de Apelaciones apreciar las condiciones de los candidatos propuestos para cargos en los fueros o distritos de sus respectivas dependencias, porque 'la previa determinación de los requisitos de idoneidad que deben reunir los aspirantes a los efectos de su nombramiento o promoción, resulta materia de superintendencia directa, no siendo revisable por la Corte Suprema, salvo cuando mediare manifiesta extralimitación o arbitrariedad, o cuando razones de superintendencia general lo hagan pertinente'.

4º) Que corresponde la avocación por la Corte Suprema, en caso de apartamiento de lo dispuesto por la Acordada del 3 de marzo de 1958, pues compete al Tribunal preservar la observancia de sus disposiciones reglamentarias.

(...)

7º) Que en tanto la nueva norma reglamentaria se aplicó retroactivamente para cubrir un cargo, afectó la situación de agentes que se encontraban en condiciones de ser promovidos, lo que torna procedente la intervención de este Tribunal por razones de superintendencia general."