Diego Rogelio Maquiy Ornos

¿Quién es el actor?

Fiscal de Cámara (recurrente), que mantuvo la apelación del Procurador Fiscal por imperio del art. 521 del Código de Procedimientos en Materia Penal.

¿A quién se demanda?

Diego Rogelio Maquiy y otros (José Luis Berasaluce, Carlos Mario Stroppiana y Julio Agustín Angelino), vinculados a la firma "Aurora Austral", dedicada a la comercialización de pesca.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acusación por contrabando (arts. 187 inc. f y 188 de la Ley de Aduana, t.o. 1962), por infracción al art. 6° del decreto 6361/67 respecto de la descarga en Brasil de pescado capturado por el buque "Eikyo Marú".

¿Qué se resolvió?

la Corte declaró improcedente el recurso extraordinario y dejó firme la absolución. Por mayoría, entendió que el fundamento de la absolución (no comprobación del corpus delicti, con remisión al art. 207 del C.P.M.P., y la falta de perjuicio fiscal como argumento complementario) es una cuestión de hecho y prueba y de derecho procesal, ajena a la instancia extraordinaria. Además, la tacha de arbitrariedad fue considerada tardía, porque el caso federal debió reservarse al expedirse sobre la sentencia de primera instancia, cuya argumentación fue adoptada luego por la Cámara. Como no se desbarataron las conclusiones fácticas, resultó inoficioso analizar la interpretación de las leyes federales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El punto de partida de cualquier impugnación eficaz del fallo recurrido finca en una cuestión procesal que gira alrededor de la doctrina del art. 207 del ordenamiento adjetivo, aplicado, como se desprende de la cita del mismo precepto por la sentenciante, cuando fundó normativamente sus conclusiones de hecho y prueba. Lo que tanto vale como que, en principio, la revisión del punto se encuentra fuera del ámbito del remedio federal intentado."

"...para la tacha de arbitrariedad (si es que se considera formulada) tuviera andamiento, el caso federal debió haber sido reservado, al expedirse acerca del fallo de primera instancia, cuya argumentación, se reitera, fue adoptada después por la Cámara. Tal reserva, en la primera oportunidad procesal adecuada, por lo ya puntualizado, obviamente no existió, lo que torna inatendible este aspecto de la protesta."

"...no habiendo sido desbaratadas las conclusiones de hecho de la sentenciante, sustento esencial de la absolución al no considerarse probado el hecho punible, resulta inoficioso que esta Corte asuma la interpretación de las leyes federales cuyo quebrantamiento se denunció en la apelación."

¿Cómo votaron los jueces?

el Procurador General interino (dictamen de fs. 515/517 vta.) había opinado que el recurso era procedente, porque la impugnación recaía sobre el alcance de las normas sustantivas federales (art. 6° del decreto 6361/67 y arts. 187 inc. f de la Ley de Aduana), y que el ardid configurativo del contrabando debía analizarse según la doctrina de "Cordo" (1976); también consideró que la falta de perjuicio fiscal no es fundamento suficiente de absolución. Esta opinión no fue acogida por la Corte.