Jose Simon Campos (h.)

¿Quién es el actor?

S. C. A. Meridiano; Depósitos América S.C.A.; Navicar S.A.

¿A quién se demanda?

Administración General de Puertos (AGP)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante) derivados de la resolución Nº 217/73 del Consejo de Administración de la AGP, que dejó sin efecto la adjudicación de la explotación de depósitos fiscales en el puerto de Buenos Aires otorgada por resolución Nº 314/69.

¿Qué se resolvió?

se revoca la sentencia de Cámara en cuanto extendía el lucro cesante hasta el plazo total de diez años; la indemnización queda limitada al período que restaba de la primera prórroga en curso. Las costas se distribuyen en un 75% a cargo de la demandada y un 25% a cargo de las actoras.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Interpretar restrictivamente aquella cláusula importaría desconocer los principios citados y admitir que pudo contractualmente desprenderse de sus prerrogativas específicas en perjuicio de la salvaguarda del interés público, a lo que no le es dable renunciar."

"Al dictarse la citada resolución Nº 21/73 que, como se dijo, extinguió los contratos, habían transcurrido los tres primeros años obligatorios para ambas partes y se encontraba en curso el primero de prórroga aceptado por ellas. En consecuencia, … aparte de la indemnización que reconoce adeudar la recurrente por el período que faltaba completar de la primera prórroga, ninguna otra les corresponde a las actoras a partir del vencimiento del contrato."

"El contrato de concesión de servicio público está regido por el derecho administrativo. Ello supone la existencia de una cierta relación de subordinación de los derechos de los particulares respecto de los de la administración, que en el plano contractual se traduce no en una estricta equivalencia aritmética sino en una igualdad proporcional de esos derechos."

Sobre la nulidad alegada por falta de licitación: "en función jurisdiccional, ante la tacha de nulidad del acto administrativo por vicio de forma, a falta de una norma expresa que exija la licitación pública para elegir al cocontratante, o sea, ante la ausencia de fundamento legal, debe estarse por la validez del acto."