DAVILA JOSÉ LUIS C/ MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA S/ AMPARO

¿Quién es el actor?

José Luis Dávila, titular de la Licencia Nacional de Conducir N° 12.130.514 Clase B2 (otorgada 26/01/2023, vencimiento 26/01/2028).

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Necochea y Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita el cese de la conducta que impide la tramitación/expedición del duplicado físico de la licencia vigente por condicionarla al pago previo de una multa de tránsito (boleta CENAT N° 23.199.540 por $373.140,40) y se pide la inaplicabilidad o, subsidiariamente, la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 532/09.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar al amparo. Se declara la ilegitimidad e inconstitucionalidad, para el caso concreto, de la aplicación automática del art. 10 inc. 3 del Anexo II del Decreto N° 532/09 como impedimento para obtener el duplicado físico de la licencia vigente. Se confirma la medida cautelar: cese de la conducta restrictiva y entrega efectiva del soporte plástico de la licencia. Se imponen las costas a Municipalidad de Necochea y Provincia de Buenos Aires y se regulan honorarios del letrado del actor.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Tal como se destacó al otorgar la medida cautelar, la ruptura de la juridicidad se evidencia al constatar que el recaudo reglamentario desnaturaliza el espíritu de la norma: el cumplimiento del pago de una multa por una infracción cometida con anterioridad no transforma al infractor en un conductor imprudente ni su cumplimiento aislado garantiza un incremento en la seguridad vial. El Estado cuenta con vías legales específicas y expeditas -como el juicio de apremio- para perseguir el cobro de las multas de tránsito respetando las garantías del debido proceso, sin que resulte admisible utilizar el soporte material de una habilitación vigente como instrumento de coerción económica indirecta."

"En efecto, el Municipio es la autoridad de aplicación ante la cual se canaliza formalmente el ejercicio del poder de policía en materia de tránsito a nivel local y quien exterioriza la decisión denegatoria o restrictiva frente al ciudadano. Sin perjuicio de la operatividad técnica de los sistemas centralizados -cuya interconexión obligó a la comuna a articular los mecanismos necesarios-, la pretensión deducida en el amparo prospera contra la autoridad local encargada de emitir la licencia, quien debía remover el obstáculo ilegítimo en el ámbito de sus atribuciones o bien articular los recaudos pertinentes con los organismos provinciales y nacionales competentes..."

(Se incluye también la cita doctrinal y jurisprudencial que sustenta la solución:)

"la imposición de cancelar multas por infracciones como paso previo e inexorable para la obtención o reposición de una licencia de conducir carece de adecuada proporcionalidad con el fin de seguridad vial que se invoca como sustento, traduciéndose en una exigencia de neto corte recaudatorio que vulnera los principios de razonabilidad (art. 28 de la C.N.) y afecta el ejercicio de derechos fundamentales como el trabajo y la libre circulación (cfr. Cám. Cont. Adm. Mar del Plata, causas 'Del Campo, Ricardo c/ Municipalidad de General Madariaga s/ Amparo', sentencia del 05/02/2015, confirmada por la S.C.B.A. in re A. 73.740, de fecha 10/08/2016)."