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FERREIRA ROCÍO MAGALÍ C/ EXPERTA ART S.A S/ APELACIÓN ART. 46 LEY 24557
La actora, Rocío Magalí Ferreira, cuestionó la liquidación de la indemnización por ILPPD aprobada en primera instancia, que aplicó la Resolución SSN 332/23 para actualizar el IBM. La Sala Civil, Comercial y del Trabajo confirmó la sentencia, por entender que la liquidación debe ajustarse al precedente Zamboni del Superior Tribunal de Justicia, que la accionante consintió al no recurrir la sentencia definitiva, y que la Resolución 332/23 es válida y aplicable.
¿Quién es el actor?
Rocío Magalí Ferreira.
¿A quién se demanda?
Experta ART S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Liquidación de la indemnización por incapacidad laboral permanente provisoria/definitiva (ILPPD) derivada de enfermedad profesional, en el marco de un proceso por apelación del art. 46 de la Ley 24557.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la actora contra la sentencia interlocutoria que aprobó una liquidación de capital de $ 23.927.407,60, y la confirmó en todo lo que fue materia de agravio. Impuso costas de la instancia por el orden causado y reguló honorarios de los letrados intervinientes (30% y 35%, sobre lo que fije el juez de grado).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En tal sentido, resulta pertinente traer a colación que fallos posteriores como «Sansobrino» (STJ-SR- TDF "Sansobrino, Franco Roberto C/ Experta ART S.A. s/ Recurso de Apelación – Ley riesgos del trabajo" Expte. Nº 3056/22. 06/05/2024. Tº XXX 215/218). y «Quipildor» (STJ-SR-TDF "Quipildor Rafael Osvaldo c/ Experta ART S.A. s/ Apelación Art. 46 ley 24557" – Expte. 3143/23 18/09/2024. Libro XXX F°600/605) consolidaron la posición del Superior Tribunal de Justicia provincial, respecto al modo de actualización del IBM."
"La sentencia definitiva dictada el 10/02/2025 ID A-122047, no fue objetada mediante recurso de casación por ninguna de las partes, circunstancia que determina su firmeza e importa su íntegro consentimiento en todos y cada uno de sus extremos."
"Sentados estos antecedentes, la pretensión de la accionante implica desconocer su propia conducta procesal anterior, plenamente válida y consolidada, toda vez que no impugnó oportunamente el decisorio cuya modificación ahora procura -de manera extemporánea- al momento de exigir su cumplimiento. Tal proceder resulta incompatible con los principios de preclusión y seguridad jurídica que rigen en el proceso."
"...la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional..." (la Cámara no halló razones para descalificar los artículos 7 y 10 de la ley 23928 ni el 11 de la ley 27348).
"...al calcular la tasa de una forma distinta a como lo indica con claridad la normativa puede implicar llegar a distorsiones evidentes. Nótese en el caso concreto que, al calcular erróneamente los parámetros de la tasa RIPTE, se consideró un monto indemnizatorio mayor al que correspondía por ley..." (cita del precedente "Zárate" del STJ-SR).
El voto del juez Satini, al que adhirieron la jueza Gutiérrez y el juez Cappellotti, fue unánime.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 27.348Riesgos del trabajo
- Ley 23.928Convertibilidad del austral
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