RAMOS SEPÚLVEDA, Gabi Yanneth C/ C. P. P. P. P. DE TDF S/ AMPARO - Expte. Nº 1190412025 - JT Nº 1

¿Quién es el actor?

Gabi Yanneth Ramos Sepúlveda, Oscar Alfredo Retamar, Claudio Juárez, Marcial Anaquin, Librado Ceferino Alegre, Juan Bautista Rodríguez, Manuel Horacio Correa, Cirilo Amadeo Ponce, Guillermo Oscar Sosa, Gregoria Beatriz Almirón, Walter Ramón González, María Eugenia Ponce y Julio Ramón Aranda.

¿A quién se demanda?

Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio de Tierra del Fuego.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

pago de haberes previsionales adeudados (desde julio de 2025 a enero de 2026), SAC 2025, intereses moratorios, garantía de pago futuro y costas, mediante acción de amparo.

¿Qué se resolvió?

la Cámara hizo lugar a las apelaciones de la demandada, revocó las sentencias de grado y declaró inadmisibles las acciones de amparo. Las costas se impusieron por su orden en ambas instancias y se regularon honorarios de Alzada en el 30% de lo regulado en primera instancia, con remisión al juez de grado para nueva regulación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

> "La Caja Previsional atraviesa un déficit estructural y un estado de desfinanciamiento que se proyecta sobre un número significativo de jubilados policiales -en particular, del ex Territorio- que se encuentran en situación análoga al actor, soportando el diferimiento de una parte consolidada de su haber previsional."

> "Se vislumbra que la presentación del accionante adolece de la demostración del perjuicio grave y concreto que le irroga lo actuado por el Directorio de la Caja Previsional demandada, dado el hecho incontrastablemente demostrado de que percibe un haber de retiro principal por parte de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal."

> "No todas las violaciones arbitrarias e ilegales de los derechos puede encontrar su tutela en el amparo, de lo contrario se convertiría en un proceso más."

> "La decisión de revocar la sentencia apelada y de declarar inadmisible la vía escogida se dicta, por lo tanto, sin desconocer la entidad del problema estructural, sino en la convicción de que su adecuada solución corresponde primaria y directamente a los poderes políticos."

Asimismo, en algunos expedientes no se acreditó prueba de la afectación alimentaria invocada, dado que existía un haber principal, y se declaró que no corresponde abordar las inconstitucionalidades planteadas, por no tratarse del objeto de la decisión.