Agustln Ernesto Tlscornia
El Dr. Agustín Ernesto Tiscornia, ex juez nacional destituido por un jurado de enjuiciamiento en 1968, pretendió el sobreseimiento con base en la ley 23.062 por falta de jurisdicción. La Corte Suprema confirmó la decisión de la Cámara que rechazó ese planteo, por entender que el imputado se sometió voluntariamente al régimen de facto al continuar ejerciendo la magistratura.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público / Estado Nacional (acción penal), en el marco de la ley 23.062.
Demandado / Imputado: Agustín Ernesto Tiscornia, ex juez nacional en lo Civil.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Planteo de falta de legitimación del juez interviniente y sobreseimiento definitivo, con fundamento en los arts. 1°, 2° y 9° de la ley 23.062, por haber sido destituido en 1968 sin cumplirse el presupuesto del juicio político previsto por la Constitución Nacional.
¿Qué se resolvió?
La Corte Suprema declaró formalmente procedente la queja y confirmó el fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que había revocado el sobreseimiento de primera instancia y rechazado la aplicación de la ley 23.062.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El sometimiento voluntario y sin reserva expresa a un régimen jurídico, obsta a su ulterior impugnación con base constitucional (Fallos: 285:329, 410; 293:221; 294:220; entre muchos otros). Este criterio adquiere relevancia en el caso, desde que la propia ley cuya aplicación reclama el encausado, se hubo autoasignado el carácter de un 'acto de contralor constitucional' respecto de normas y actos emanados de autoridades de facto (art. 19, segundo párrafo, de la ley 23.062). Y así concebida, ella no puede alcanzar a quienes de un modo u otro exteriorizaron su conformidad con tales normas."
"Dentro de la argumentación del a quo resultaba innecesaria la enunciación concreta de actos de tal naturaleza atribuibles al peticionante. Bastaba señalar -como lo hizo- que éste continuó en el ejercicio de la magistratura luego de la ruptura constitucional producida a raíz de los hechos aludidos."
Las impugnaciones constitucionales previas del imputado se dirigieron sólo a "ciertos aspectos del procedimiento" de la ley 16.937 y no a la existencia misma del Tribunal de Enjuiciamiento, y fueron desechadas por resolución firme y consentida.
"Mal podría sostener la recurrente que en tales circunstancias de hecho debíase relevar a los jueces de sus responsabilidades, porque un argumento de esa índole vendría a contradecir un principio básico del régimen republicano de gobierno."
Se trata de un fallo unánime de la Corte, que adhiere a los fundamentos del dictamen del Procurador General Juan Octavio Gauna.
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Normas que cita
- Ley 23.062arts. 1, 2, 9, 19 · Gobierno de facto-validez de actos administrativos
- Ley 16.937
- Constitución NacionalConstitucion nacional
Fallos que cita
- Fallos 285:329CSJN
- Fallos 293:221CSJN
- Fallos 294:220CSJN
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