Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MAZZONI , ROBERTO DOMINGO Y OTRO s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIG.DE PERSEGUIR DELINCUEN. y INF. ART 144 TER 2° PARRAFO- SEGÚN LEY 14.616 QUERELLANTE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y OTROS

¿Quién es el actor?

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Subsecretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco, con intervención del Ministerio Público Fiscal (Fiscal General Dr. Federico Martín Carniel).

¿A quién se demanda?

Roberto Domingo Mazzoni (ex secretario y luego Fiscal Federal) y César Pablo Casco (ex jefe de guardia del Servicio Penitenciario Federal).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Persecución penal por delitos cometidos durante la dictadura contra Aníbal Ponti, Hugo Ramón Barúa, Eugenio Domínguez Silva, Mirta Susana Clara viuda de Salas, María Gregoria Pérez y Carlos Raúl Aranda.

¿Qué se resolvió?

Homologar el acuerdo de juicio abreviado (art. 431 bis CPPN); condenar a Mazzoni a seis años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y pena única de catorce años, unificada con la de once años dictada previamente; condenar a Casco a cuatro años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y pena única de trece años; declarar que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad; imponer costas al 50% a los condenados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La prueba colectada en autos permite sostener con certeza que los imputados Roberto Domingo Mazzoni y César Pablo Casco actuaron como autores penalmente responsables en el marco de un plan criminal sistemático y de ejecución fraccionada." "Su actuación no constituyó una simple omisión burocrática, sino un aporte esencial de encubrimiento y blindaje institucional dentro del circuito represivo clandestino, garantizando la impunidad de los tormentos y detenciones ilegales." Sobre la calificación, la sentencia sostiene que "el delito de tormentos previsto y reprimido en el artículo 144 ter –texto ley Nº 14.616 del CPenal, vigente al momento de los hechos objeto de proceso, resulta la ley penal más benigna aplicable frente a la reforma introducida por la ley 23.097." Respecto de la víctimas, el tribunal sostuvo que el derecho a ser oído "se ha cumplido acabadamente en el sub examine, garantizando de este modo el respeto irrestricto al debido proceso legal, a la defensa en juicio y a la tutela judicial continua y efectiva." La magistrada se apartó de la calificación de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 CP), por considerarla desplazada por los demás tipos penales aplicables.