Sampi S.a.c.i.f. e Lo c/ Administracion General de Puertos

¿Quién es el actor?

Ministerio Público / Estado (acción penal)

Demandado / Imputado: Aníbal Gordon y otro

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Privación ilegal de la libertad con violencia y simulando autoridad pública, en concurso ideal con lesiones, y robo agravado por uso de armas.

¿Qué se resolvió?

Se declaró mal concedido el recurso extraordinario interpuesto por la defensa contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala 1ª), que había condenado a Gordon a ocho años de prisión.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Considerando 4° (transcripto): "lo que corresponde resolver al Tribunal no es la posibilidad de hacer valer en el proceso evidencias adquiridas en violación a garantías constitucionales (...) sino la legitimidad del sometimiento a juicio de una persona, previamente requerida por un juez, cuya aprehensión se habría llevado a cabo (...) en transgresión a la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio."

Considerando 5° (transcripto): "no es posible aprovechar las pruebas obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales (Fallos: 46:36; 303:1938; 306:1752), principio que no permitiría reconocer en el proceso prueba adquirida en virtud de un allanamiento ilegal, pues ello importaría una violación a las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio."

Considerando 6° (transcripto): "ninguna relación guardan con el caso presente la garantía de la inviolabilidad del domicilio ni el alcance de la regla de exclusión (...) desde que los jueces sustentaron el fallo en otras independientemente obtenidas. (...) En el sub judice, la orden de captura de Marcelo Aníbal Gordon existía con anterioridad al ingreso a la morada (...). En tales condiciones, no se verifica violación alguna a la garantía constitucional señalada que justifique invalidar lo actuado."

Considerando 8° (transcripto): "el acto de la detención no se tradujo en la incautación de pruebas que después se hicieran valer en contra del procesado. (...) la condena del acusado reposa en evidencias cuya legitimidad no ha sido cuestionada."

Considerando 9° (transcripto): "una aplicación errónea de la regla de exclusión puede desviar al proceso de la búsqueda de la verdad, y torcer injustificadamente el principio de justicia que debe primar en todo pronunciamiento judicial."