Aadl-cap1f S.a. c/ V1lama S.a.

¿Quién es el actor?

AADI-CAPIF (Asociación Argentina de Intérpretes - Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas).

¿A quién se demanda?

Vilama S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro de pesos en concepto de aranceles por la ejecución pública de fonogramas en el negocio explotado por la demandada.

¿Qué se resolvió?

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala B) confirmó la condena de primera instancia. La Corte desestimó el recurso extraordinario deducido por la demandada, quedando firme la condena.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la inconstitucionalidad de los decretos 1670/74 y 1671/74: el Procurador Fiscal sostuvo que el planteo no fue llevado al terreno fáctico. Señaló que "el voto del vocal preopinante no se ha desatendido de la adecuación del decreto nº 1670/74 a lo dispuesto por el art. 1º de la ley nº 11.723", y que "otorga al art. 1 de la ley nº 11.723 una inteligencia según la cual se encuentran incluidas en la protección de dicho cuerpo normativo el productor de fonogramas, ante lo cual su inclusión en el decreto nº 1670/74 no aparece como un exceso en el ejercicio de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo Nacional".

Sobre la carga probatoria: "la exigencia de la Cámara respecto de la demostración acerca de la ausencia de creatividad intelectual en la actividad cuestionada, que permitiera excluirla de los términos de la ley 11.723 no sólo remite a un punto ajeno a la vía de excepción que consagra el art. 14 de la ley 48, sino que se exhibe como razonable".

Sobre la legitimación para impugnar: "quien propala tales obras musicales puede cuestionar la validez constitucional de las normas, pero siempre alegando la lesión de una garantía propia y no de terceros".

Sobre el pago liberatorio: aun si los titulares de las garantías invocadas obtuvieran una resolución favorable, "se trataría... del supuesto de pago al acreedor aparente que contempla el art. 732 del Código Civil".

Sobre el arancel del decreto 1671/74: "ha mediado en este caso un sometimiento voluntario y sin reservas al régimen allí establecido, lo que obsta a su posterior impugnación (Fallos: 255:216, 285:410 y 293:221)", dado que "la demandada abonó hasta el mes de junio de 1983 el arancel que pretende cuestionar".

Sobre las costas: la Corte concluyó que los términos condicionales del voto de la vocal de Cámara "no desvirtúan su adhesión, también en este punto, a quien le precedió en la votación, ya que se pronunció por la imposición de las costas a la vencida, aunque lo hiciese al solo efecto de unificar criterios".