Jorge Alberto Lucangioli c/ Junta Electoral de Educacion Media

¿Quién es el actor?

Jorge Alberto Lucangioli, docente.

¿A quién se demanda?

Junta Electoral de Educación Media (Ministerio de Educación y Justicia de la Nación), Estado Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

amparo contra el acto de la Junta Electoral que rechazó su candidatura como titular para la Junta de Clasificación (Zona II de Enseñanza Media) y contra el decreto 634/85, reglamentario del art. 9 del Estatuto del Docente (ley 14.473, modificada por ley 19.464), por considerarlo arbitrario, ilegal y violatorio del principio de igualdad (art. 16 CN).

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia apelada, rechazó la acción de amparo y el planteo de inconstitucionalidad del decreto 634/85.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Cabe descartar que la categoría de 'designado', prevista en el art. 9 cit., sea 'necesariamente' igual o equivalente a la que bajo la misma voz figura en las leyes 21.556 y 22.318. Es principio inconcuso de la exégesis de las leyes, que el significado de sus términos no puede establecerse, rigurosamente, sólo por medio del examen aislado de éstos, sino que ha de estarse en todo momento al del contexto que ellos componen. Y, en este sentido, la diversidad intrínseca de los dos sistemas, antes apuntada, justifica que al vocablo sub examine puedan dársele significados también diversos en uno y otro régimen."

"...el reglamento que no rebasa el ámbito en que la interpretación es opinable y posible la elección entre varias soluciones (Fallos: 249: 189; 300: 1167, entre otros), máxime cuando el órgano dotado de potestad reglamentaria está habilitado para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido previstas por el Poder Legislativo de manera expresa, se ajusten, sin embargo, al espíritu del que habla el art. 86, inc. 2 cit., o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que la ley persigue."

"...la elección llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 634/85, con el propósito de cubrir el hiato producto de la ruptura operada por la ley 21.556 y de la cesación de ésta, no excede del señalado marco de lo opinable toda vez que, en definitiva, se ajustó a un supuesto claramente contenido en la ley reglamentada..."

Como se desestimó la falta de adecuación del reglamento a la norma reglamentada, "desaparece la 'actitud discriminatoria' lesiva del art. 16 de la Ley Fundamental".

Previamente, el Procurador General había dictaminado que no existía arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que justificara la vía del amparo.