Carlos Alberto A Vila y Otros c/ Rodrigo S.a. y Otros

¿Quién es el actor?

Carlos Alberto Ávila y otros (empleados de Rodrigo S.A.).

¿A quién se demanda?

Rodrigo S.A. y otros, entre ellos Héctor Hugo Karam y Juan Carlos Karam.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción de amparo para que se dejen sin efecto los despidos dispuestos por la sociedad.

¿Qué se resolvió?

la mayoría de la Corte declaró procedente la queja y el recurso extraordinario, revocó la sentencia recurrida y rechazó la demanda, con costas. La disidencia (Belluscio y Petracchi) desestimó la queja por inadmisibilidad del recurso extraordinario.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el recurso de casación sin tener en cuenta que el planteo jurídico de los apelantes podía y debía ser examinado con independencia de la cuestión fáctica."

"Al decidir, el tribunal anterior no consideró la diferencia existente entre el carácter constitutivo de la inscripción regulada en el art. 7° de la ley 19.550 y sus modificatorias -referente a la creación de una sociedad-, y el declarativo que, frente a los trabajadores que cumplen tareas para aquélla, cabría asignar a la inscripción de la designación y cesación de representantes y administradores sociales -dispuesta en el art. 60 de aquel ordenamiento-, pese a que tal distinción resultaba conducente para establecer la validez del despido dispuesto por los interesados."

"La inscripción de los representantes y administradores sociales es un requisito impuesto por la ley en amparo de los derechos de terceros, que no pueden verse afectados por alteraciones -no conocidas por ellos- en la composición de los órganos societarios [...] pero que esa protección no puede esgrimirse válidamente -pendiente la inscripción- para privar de sus efectos a los actos regularmente cumplidos por los nuevos administradores o representantes, porque el tercero no puede prevalerse de la omisión de ese recaudo ante la reforma por él conocida sin agravio -inadmisible- al principio de la buena fe."

"Para la interpretación de la ley, se impone dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el resto del ordenamiento jurídico, y en particular, con las garantías de la Constitución Nacional. [...] La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley; los jueces [...] no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (Fallos: 304:1416)."

"La decisión recurrida es descalificable, ya que, en respuesta a los argumentos que formuló el apelante en defensa de sus derechos, el a quo ha sustentado su decisión en argumentos meramente aparentes, con grave lesión de las garantías constitucionales que se consideran vulneradas, en los términos y con los alcances del art. 15 de la ley 48."