ROBLEDO, ESTELA MARIS c/ ANSES s/VARIOS

¿Quién es el actor?

Estela Maris Robledo.

¿A quién se demanda?

ANSES.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reajuste del haber de una pensión directa (ley 24.241, con fecha de beneficio 30.08.2002), tras el rechazo en sede administrativa.

¿Qué se resolvió?

la Cámara modificó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 27.426, declarando su constitucionalidad para la movilidad del período reclamado, e impuso en el orden causado las costas de primera instancia. Confirmó en lo demás la sentencia apelada (actualización de remuneraciones conforme el I.S.B.I.C. por aplicación de "Elliff", diferimiento de la cuestión "Villanustre" a la etapa de liquidación, confirmación de intereses y de la inaplicabilidad de la retención del Impuesto a las Ganancias conforme "García, María Isabel"). Impuso las costas de segunda instancia en el orden causado y no reguló honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la movilidad, el Tribunal sostuvo: "el valor de la jurisprudencia que provee de fundamento a la doctrina jurisprudencial del Máximo Tribunal de la Nación es la autoridad institucional de sus precedentes, fundada en la condición de que el Alto Tribunal es el intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia". Por ello, en mérito a lo resuelto por la Corte Suprema en "Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ ANSeS s/ amparos y sumarísimos" (4/12/2025), hizo lugar al recurso de la demandada en este punto.

Sobre "Villanustre": "la aplicación de esta doctrina procederá si en la etapa de ejecución se comprueba que el haber recalculado supera el salario que percibe una persona que detenta igual cargo en actividad, recayendo la carga de la prueba (...) en la Administración Nacional de la Seguridad Social". Corresponde diferir el análisis para la etapa de liquidación.

Sobre la Ley 27.609, la Cámara remitió a sus precedentes "Algarbe" y "Zabalza Mazzetti", y confirmó la aplicación del IPC (INDEC) hasta la vigencia del Decreto 274/24 para el caso concreto.

Sobre costas de primera instancia, se remitió a la declaración de inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24.463 y a la aplicación del art. 36 de la ley 27.423, y las impuso en el orden causado.