TOLAY ALBERTO SEBASTIAN Y OTRO c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTRO s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Alberto Sebastián Tolay y otro, personal en actividad de Gendarmería Nacional.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Seguridad y Gendarmería Nacional, con la intervención de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal como codemandada.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad del decreto 679/97, cese del descuento previsional del 11% que se efectúa por su aplicación y reintegro de lo descontado.

¿Qué se resolvió?

la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala 1, declaró formalmente admisibles los recursos de ambas codemandadas y confirmó la sentencia de primera instancia en lo que fue materia de agravios. Impuso las costas de la alzada a la demandada vencida y reguló los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en el 30% de los fijados en la instancia anterior, más IVA si corresponde.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la falta de legitimación pasiva de Gendarmería Nacional: "en la medida que la Gendarmería Nacional es el empleador de los actores, quien paga su sueldo y les efectúa los descuentos pertinentes, entre ellos el previsto por el decreto cuya constitucionalidad se cuestiona (679/97), corresponde confirmar lo decidido."

Sobre la constitucionalidad del decreto: el DNU 679/97 elevó el aporte del 8% al 11%. Respecto de la validez del aumento del aporte, se remitió a la CSJN en "Pino, Seberino y otros c/Estado Nacional", que descartó la tacha de la ley 22.788 y admitió la carga con fundamento en el art. 14 bis y el principio de solidaridad social. Sobre el decreto, la Cámara señaló que "los fundamentos dados por el Poder Ejecutivo Nacional para dictarlo, no respondían a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia (...) sino que, por el contrario, traducían la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé", citando Fallos: 322:1726 ("Verrocchi"). Por ello confirmó la declaración de inconstitucionalidad y la devolución de las diferencias retenidas.

Sobre la prescripción: "resulta de aplicación las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación", por lo que es inadmisible el plazo anual pretendido. La defensa se acoge respecto de los créditos anteriores a los dos años de la demanda o de la solicitud administrativa, conforme el art. 2562 inc. c).

Sobre costas: "en virtud al principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN)".