RAIZEN ARGENTINA SAU (TF 27271719-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

Demandante (Actor): Raizen Argentina SAU.

¿A quién se demanda?

Dirección General de Aduanas (DGA), Fisco Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Repetición de derechos de exportación abonados sin causa por las destinaciones 11001ES02000028J y 12001EC08000002P (monto de $2.066.070,19), calculados conforme a la alícuota de la Resolución ME 394/2007, en lugar del 5% previsto en el Decreto 310/02. Se reclama la diferencia entre ambas alícuotas, con intereses.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar al recurso de la actora, revocó la sentencia apelada, reconoció el derecho de la firma a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, con más intereses según los considerandos X y XI, e impuso las costas de ambas instancias a la demandada. Se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución 559/22 por falta de fundamentación suficiente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La Resolución ME 394/07 no cumplió con el principio de legalidad a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo 'Camaronera Patagónica' (Fallos: 337:388), dictado el 15/4/2014, en el que la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de los derechos de exportación."

"...ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata."

"...al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados."

Asimismo, la Cámara señaló que la Ley 26.122 no convalidó la resolución: "...su eventual convalidación legislativa en los términos de la ley 26.122 no obsta, en modo alguno, al control judicial al que se halla sujeta cualquier norma jurídica..."

Por último, sobre la Resolución 559/22, se consideró que "la firma apelante se limitó a señalar genéricamente que su aplicación afecta su derecho de propiedad, sin efectuar un análisis riguroso que compruebe que esa norma resulte lesiva de sus derechos constitucionales."