MARCHAL MARIA DE LOS ANGELES S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA

¿Quién es el actor?

María de los Ángeles Marchal, persona con discapacidad, asistida por la Curaduría Oficial y con intervención de la Asesoría de Incapaces.

¿A quién se demanda?

IOMA. La Fiscalía de Estado interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra las resoluciones del 13-IX-2024 y del 18-VII-2025.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

obtención y cobertura de una vacante para la causante en un hogar adecuado a sus necesidades, preferentemente cercano a Guernica, donde reside su referente familiar.

¿Qué se resolvió?

el tribunal rechazó los recursos y confirmó ambas resoluciones (intimación a IOMA y multa de un ius por incumplimiento).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la preclusión: "la notificación cursada únicamente a IOMA no resulta suficiente para considerar precluida la facultad recursiva de la Fiscalía de Estado". Se cita el art. 27 del decreto-ley 7543/69 y el art. 135 inc. 5 del CPCC, y se señala que "las resoluciones que aplican correcciones disciplinarias deben notificarse en el despacho oficial de Fiscalía de Estado (causa 278.993, RS-416-2022)".

Sobre la obligación de obtener la vacante: "La obligación impuesta no supone necesariamente atribuir al organismo la selección unilateral del establecimiento, sino exigirle una intervención efectiva, dentro del ámbito de sus competencias y en coordinación con los actores que asisten a la causante". Se invoca el art. 22 inc. b) de la ley 6.982 y el art. 7 inc. d) del Anexo del decreto 593/22, que faculta al organismo a celebrar contratos o convenios cuando resulten necesarios. Se concluye que "no resulta suficiente insistir en esa modalidad de respuesta, sino que corresponde desplegar medidas concretas tendientes a garantizar una alternativa residencial acorde con las necesidades de la causante".

Sobre la distinción con precedente de la SCBA: se cita la causa A. 78.141, "Staffolani Graciela Edith c/ IOMA", señalando que reafirma la cobertura a través de prestadores adheridos, pero que las circunstancias difieren porque aquí los listados no permitieron obtener una vacante efectiva.

Sobre la vulnerabilidad: se invoca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378, jerarquía constitucional por ley 27.044; arts. 1, 3 y 25), y se señala que la causante "continúa alojada en una institución psiquiátrica pese a contar con criterio de externación".

Sobre la multa: la sanción "no se sustenta únicamente en el transcurso del tiempo, sino en la falta de cumplimiento de una orden judicial que exigía una actuación efectiva". Atendiendo a la finalidad compulsiva de las astreintes (art. 37 del CPCC), la multa "aparece como una medida dirigida a obtener el cumplimiento efectivo de la manda judicial".

Costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 CPCC).