SENAR CESAR JOSE C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL S/ AMPARO POR MORA

¿Quién es el actor?

César José Senar.

¿A quién se demanda?

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), representado por la Fiscalía de Estado en la apelación.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

amparo por mora para que el IPS despache el expediente administrativo 021557-719429-0-26-000, iniciado el 16/03/2026 y remitido al Departamento Regulación del Haber Docente.

¿Qué se resolvió?

hizo lugar a la acción, ordenó despachar el expediente en un plazo perentorio de 30 días desde su notificación, bajo apercibimiento de sanciones, e impuso costas a la demandada vencida.

¿Qué se resolvió?

rechazó el recurso de apelación, confirmó la sentencia en todos sus términos, impuso costas de Alzada a la apelante vencida y reguló honorarios del letrado de la parte actora en 1,5 Jus, más aportes y IVA si corresponde.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Verificada la mora administrativa en el caso corresponde ingresar al tratamiento del planteo subsidiario de la apelante, relacionado con el alcance y el plazo de la condena impuesta por el juez de grado, adelantando, desde ya, que el mismo tampoco resulta atendible."

"[E]l mandato judicial de 'despachar' el expediente no impone a la Administración la omisión de etapas ni la prescindencia de dictámenes legalmente exigidos, sino que tiende a remover los obstáculos que mantienen injustificadamente paralizado el procedimiento, dado que la mora administrativa puede configurarse tanto por la falta del acto final como por el retraso indebido en los actos preparatorios o dictámenes necesarios para su dictado."

"Lo señalado evidencia una demora objetiva que excede los plazos generales previstos en el Decreto Ley 7647/70 y pone de manifiesto la ausencia de un impulso procedimental efectivo."

"Dentro del marco de legalidad que debe regir el obrar administrativo, existe un deber jurídico concreto de la Administración de expedirse frente a las peticiones de los particulares; no decidir, o hacerlo fuera de plazo, constituye un obrar irregular que afecta derechos constitucionalmente protegidos."

Asimismo, la Cámara distinguió el precedente "Gobello" invocado por la Fiscalía, por tratarse de un caso en que la acción se promovió al mes de iniciado el trámite, con actividad constante de la Administración, a diferencia del presente caso.