FOLCHI IVAN GASTON C/ CACERES DIEGO MARTIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

¿Quién es el actor?

Iván Gastón Folchi.

¿A quién se demanda?

Carlos Alberto Vilchez Ayros (titular registral del vehículo) y, en la extensión de la condena, Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. (citada en garantía, cuyo recurso fue declarado desierto).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

resarcimiento de daños y perjuicios por el accidente de tránsito ocurrido el 22-10-2018, en el que el demandado efectuó un giro imprevisto a la izquierda e impactó la motocicleta del actor, lanzándolo al pavimento.

¿Qué se resolvió?

condena a Carlos Alberto Vilchez Ayros al pago de $17.797.752, más intereses y costas, con extensión a la aseguradora dentro de los límites de la póliza.

¿Qué se resolvió?

se eleva la suma por daño moral a $4.500.000 y se confirma la sentencia en lo demás que fue materia de agravios; las costas de alzada se imponen a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Daño moral: "El daño moral importa una lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria." En casos de lesiones a la salud, "el daño moral no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado con el solo hecho de la acción antijurídica -prueba in re ipsa-, y es el responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluyera la posibilidad de un dolor moral". Se valoraron la atención de urgencia, el esguince cervical con rectificación de la lordosis, la incapacidad física sobreviniente del 6% parcial y permanente, la necesidad de seis meses de tratamiento psicoterapéutico y las circunstancias personales del actor (38 años, empleado administrativo), concluyendo que la suma otorgada era reducida.

Inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928: la Cámara señaló que la recurrente no rebatió el fundamento de la jueza de grado, quien consideró que la mayoría de las sumas se fijaron a valores actuales, por lo que no existía detrimento que justificara aplicar la doctrina "Barrios". Agregó que "la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional" y que el planteo no demostró de qué manera la tasa dispuesta (6% anual hasta la valuación y, luego, tasa pasiva del Banco Provincia) contraría la Constitución ni cómo la inflación impacta negativamente en el monto de condena. Se confirmó el criterio de las causas "Vera", "Nidera", "Ponce", "Ginossi" y "Cabrera" de la SCBA.