QUINTANA MICAELA DAIANA C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD-SEGURIDAD PROVINCIAL S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057

¿Quién es el actor?

Micaela Daiana Quintana, personal policial dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, representada por el Dr. Ezequiel Alfredo Picallo.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (empleador autoasegurado, con Provincia ART S.A. como administradora del autoseguro), representado por Fiscalía de Estado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción de revisión de la resolución de la Comisión Médica N.º 371 de Lanús (expte. SRT N.º 375577/22), que había calificado el siniestro como accidente in itinere y había negado incapacidad derivada del accidente. La actora reclamaba una incapacidad física del 14% y psicológica del 10% (24% total).

¿Qué se resolvió?

el Tribunal fijó una incapacidad física parcial y permanente del 7,1% de la total obrera, sin secuelas cervicales, de codos, muñeca ni de carácter psicológico. Declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del segundo párrafo del art. 11 de la ley 27.348, ordenó actualizar el crédito por RIPTE, fijó la indemnización en $17.753.262 conforme art. 14 ap. 2 a) de la ley 24.557, rechazó la prestación adicional del art. 3 de la ley 26.773, impuso costas a la demandada salvo en el rubro rechazado, y rechazó los planteos de inconstitucionalidad de la actora respecto de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Así las cosas, preciando el informe pericial conjuntamente con los estudios complementarios, las actuaciones administrativas y la impugnación formulada, he de tener por acreditado que la Sra. Quintana padece limitación funcional lumbar, que le provoca una incapacidad física parcial y permanente del 6% de la Total Obrera, que guarda relación causal con el accidente de marras."

"Surge pues evidente, la insuficiencia reparatoria, de aplicarse literalmente el texto vigente a la fecha del infortunio, máxime cuando la tasa de interés prevista por la norma en crisis es el resultado de la mora del deudor y el mismo debe ser calculado a una tasa que no desvirtúe ni distorsione el crédito del trabajador."

"Considero que el DNU 669/2019, es inconstitucional, convencional e inaplicable por las siguientes razones: 1) Supera los límites impuestos para el dictado de Decretos de Necesidad de Urgencia: (art 99 inc. 3 CN). y 2) El DNU 669/2019 viola el derecho de propiedad."

"La solución que se propone se circunscribe estrictamente al caso concreto y no supone establecer una regla general de prevalencia del RIPTE frente a cualquier otro índice, tasa o mecanismo de actualización."

Sobre el baremo, se fundó la aplicación del Decreto 659/96 por preclusión, sin aplicar el Anexo I del Decreto 549/25.