PINTO CLAUDIA BEATRIZ C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Quién es el actor?

CLAUDIA BEATRIZ PINTO, trabajadora en relación de dependencia de la MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA, con 46 años al momento del accidente.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

prestación dineraria por accidente de trabajo ocurrido el 29/05/2018 (fractura de cúbito a nivel de muñeca izquierda), en el marco de la Ley 24.557 y sus modificatorias.

¿Qué se resolvió?

(i) declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 y la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del segundo párrafo del art. 11 de la Ley 27.348 y del art. 7 de la Ley 23.928 en cuanto prohíben la actualización monetaria; (ii) rechazar por abstractos los demás planteos de inconstitucionalidad; (iii) hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a la aseguradora a abonar $ 4.442.452,88 por la incapacidad física, rechazando la parcela psicológica; (iv) imponer costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Con la prueba pericial médica se ha probado que la accionante padece una incapacidad física parcial y permanente del 3,49 % de la T.O., calculada conforme el baremo del Decreto 659/96 y con nexo causal directo con el infortunio; sin constatación de la incapacidad psicológica denunciada."

Sobre la actualización: "resulta insuficiente e irrazonable para reparar las secuelas incapacitantes acreditadas, afectando dignidad de la persona y el derecho de propiedad del trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional (CSJN, 'Vizzoti', 2004)". Se propone como instrumento alternativo la variación del índice RIPTE, "el cual se aprecia más ajustado a derecho que el derivado de la aplicación de la tasa activa prevista por el art. 11 ap. 2° Ley 27.348".

Sobre el DNU: "para que el Poder Ejecutivo Nacional ejerza válidamente facultades legislativas mediante DNU, debe acreditarse una imposibilidad de recurrir al procedimiento legislativo ordinario o la existencia de circunstancias excepcionales que tornen ineficaz dicho trámite (art. 99 inc. 3 CN). Ninguna de estas circunstancias se verificaba al momento de dictarse el DNU 669/2019, lo que conduce a declarar su inconstitucionalidad formal por vicio de origen".

Sobre los demás planteos: "aquellos que cuestionan diversas disposiciones procedimentales de las leyes 24.557, 26.773, 27.348, y normas reglamentarias, resultan, en el caso concreto, abstractos, toda vez que la actora ha transitado correctamente la vía administrativa ante la CMJ".