JAMESON BLANCA GRACIELA C/ MINISTERIO DE SALUD Y OTRO/A S/ ACCIDENTE IN-ITINERE

¿Quién es el actor?

Blanca Graciela Jameson, enfermera del Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, representado por la Fiscalía de Estado, empleador bajo régimen de autoseguro (Decreto 3.858/07) con Provincia ART S.A. como gerenciadora.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

revisión de la incapacidad fijada en sede administrativa (39,60% de la T.O.) respecto de un accidente de trabajo in itinere ocurrido el 26/05/2011 al ser asaltada y arrastrada en la vía pública cuando se dirigía a su trabajo, con fractura de húmero izquierdo y secuelas, a lo que se sumó un daño psicológico.

¿Qué se resolvió?

Hizo lugar a la acción de revisión (art. 2 inc. j de la Ley 15.057). Por mayoría, la incapacidad física se fijó en 44,45% de la T.O. (base 35% más factores de ponderación de 9,45%), el daño psíquico en 10% de la T.O., y la integración con la preexistencia del 6,20% (método de Balthazard) arrojó una incapacidad total del 51,07% de la T.O. Se dedujo el 39,60% ya percibido, quedando una diferencia imponible del 11,47%. Se liquidó la prestación del art. 14 inc. 2 a) de la Ley 24.557 en $27.383,60, sin adicional del art. 3 de la Ley 26.773 por tratarse de accidente in itinere.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El Tribunal sostuvo que el régimen de la Ley 24.557 es de seguridad social y no de resarcimiento de daños, por lo que no requiere los elementos de la responsabilidad civil. Señaló que el siniestro fue calificado como accidente de trabajo in itinere en el Expediente SRT N° 127648/16, sin prueba en contrario. Afirmó que el dictamen pericial médico "encuadra en las previsiones del Baremo del Decreto N.º 659/96" y "fundado en principios técnicos y científicos correctos", y que las objeciones de la demandada "resultan desde el punto de vista científico endebles". Sobre la actualización, invocó la doctrina de la SCBA en "Muzychuk" (L. 129.800), que declaró la inconstitucionalidad del DNU 669/19, y en "Barrios" (L. 124.096, 17/04/2024): ante la ausencia de tasa legal para contingencias anteriores al 5 de marzo de 2017, el capital se actualiza por RIPTE más 1% de interés puro anual, por insuficiencia notoria del monto nominal frente a la tasa pasiva. Respecto de la inconstitucionalidad de los arts. 12, 22 y 46 de la Ley 24.557, señaló que resulta abstracta a esta altura del proceso y que los precedentes "Quiroga" y "Chavez" de la SCBA atribuyen competencia a los Tribunales del Trabajo locales.