CASTILLO ELIAS GUSTAVO C/ PROVINCIA ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Quién es el actor?

Elias Gustavo Castillo, recolector de residuos en Organización Coordinadora Argentina SRL, con salario promedio calculado de $138.720,26.

¿A quién se demanda?

Provincia ART SA, aseguradora de riesgos del trabajo de la empleadora.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

prestaciones indemnizatorias de la LRT por una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 12,28% de la total obrera, por accidente de trabajo del 05/08/2021 (hombro derecho).

¿Qué se resolvió?

hace lugar a la demanda y condena a abonar $2.426.852,50, con intereses desde la PMI hasta la sentencia. Declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del DNU 669/19. Impone costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"A la cuestión planteada, las Sras. Juezas WEISS y ORTIZ, por las mismas consideraciones, votaron en igual sentido." (votos de adhesión a la propuesta del Dr. Ginocchio en las cuestiones primera, segunda y tercera).

"La Suprema Corte de Justicia provincial, en los autos 'Muzychuk, Claudio Ruben c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ accidente de trabajo- acción especial' (SCBA, L. 129.800, sent. del 14-VII-2025), declaró la invalidez constitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 669/19. Sostuvo la Dra Kogan en el punto III.2.e. de su voto: '... el decreto de necesidad y urgencia 669/19 resulta palmaria e insanablemente inconstitucional por no reunir los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional establece -inexorablemente- para su dictado...'"

"Ese mandato hermenéutico, adelanto, es plenamente compatible con la solución que propondré adoptar. Pues, la vía alternativa a la tensión normativa identificada se resuelve mediante la compatibilización de normas concurrentes, con selección de aquella que resulta más favorable al trabajador en el supuesto concreto por imperio del art. 9 de LCT..."

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente 'Vizzoti' (Fallos: 327:3677, 14-IX-2004), estableció que la evaluación de la razonabilidad de una norma laboral exige la comprobación de una disparidad cuantitativamente significativa... El umbral del 33% de diferencia ha sido reconocido en aquel precedente como el piso a partir del cual la disparidad adquiere trascendencia constitucional..."

"...corresponde adicionar al capital de las prestaciones dinerarias reconocidas en el pronunciamiento, los intereses devengados desde la PMI (05/08/2021) y hasta la fecha de esta sentencia, calculados en la forma prevista en el art. 55, ley 27.802."