VIDELA TOMAS SAMUEL C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Quién es el actor?

TOMAS SAMUEL VIDELA.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

prestaciones indemnizatorias de la ley 24.557 y sus modificatorias 26.773 y 27.348, por una incapacidad parcial y permanente del 10% de la t.o. derivada de un accidente de trabajo del 24/01/2022, con las consecuencias de la alta prematura y el dictamen de la Comisión Médica.

¿Qué se resolvió?

se declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del DNU 669/19; se hizo lugar a la demanda y se condenó a la aseguradora al pago de $605.808,96, más intereses desde la PMI hasta la sentencia, calculados conforme el art. 12 inc. 2° LRT y el art. 55 de la ley 27.802; se fijaron intereses moratorios por incumplimiento según el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557 y se impusieron las costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Si bien este Tribunal aplicó el mentado DNU en todos aquellos casos en las cuales se dirimían infortunios laborales ocurridos a partir de su entrada en vigencia (09/10/2019), por razones de celeridad y economía procesal, imponen acatar la doctrina legal sentada por la Suprema Corte y, consecuentemente, declarar en el caso -de oficio- su inconstitucionalidad (SCBA, causa L. 83.781, "Zaniratto", sent. del 22-XII-2004)."

"Entonces, la solución a la que arribo no importará modificar la arquitectura de la ley 24.557 texto según ley 27.348, ni de modo alguno aplicar el régimen de la ley de contrato de trabajo a la especialidad del sistema de riesgos del trabajo. Consiste en recurrir a una operación hermenéutica entre lo dispuesto en el art. 12 de la LRT citada y el art. 55 de la ley 27.802, en tanto este último aparece legislado como un método de actualización autónomo y complementario de los créditos derivadas de las relaciones individuales del trabajo."

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente 'Vizzoti' (Fallos: 327:3677, 14-IX-2004), estableció que la evaluación de la razonabilidad de una norma laboral exige la comprobación de una disparidad cuantitativamente significativa entre el resultado que arroja la norma cuestionada y el que resultaría de aplicar el estándar constitucional de la reparación equitativa."

"Bajo esas premisas, propongo entonces aplicar ese parámetro objetivo de razonabilidad para decidir sobre los intereses devengados en el caso, ya que la diferencia entre los dos regímenes concurrentes supera el 33%, quedando acreditado aritméticamente que la aplicación aislada del art. 12 inc. 2° LRT, con los intereses a la Tasa Activa del BNA, no satisface en este caso concreto el estándar de la reparación equitativa; imponiéndose en este caso la solución prevista en el art. 55 inc. c) de la ley 27.802 (67% del IPC + 3%)."