HERNANDEZ MIERES LUIS ALBERTO C/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL

¿Quién es el actor?

Luis Alberto Hernández Mieres, chofer de colectivos con 28 años de antigüedad en Nuevo Ideal S.A.

¿A quién se demanda?

Experta ART S.A., aseguradora de riesgos del trabajo de la empleadora.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por incapacidad sobreviniente derivada de enfermedad profesional psíquica (RVAN grado II), con aplicación de la indemnización adicional del art. 3 de la ley 26.773.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal, por mayoría, hizo lugar a la demanda y condenó a la ART al pago de $2.968.022,39 (capital más intereses), con costas a la demandada conforme ley 24.432 y decreto 1813/92. Se rechazaron las excepciones de falta de legitimación pasiva y de prescripción. Se declaró abstracta la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557, se declaró la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y se rechazó la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y la aplicación de la doctrina "Barrios".

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Teniendo en cuenta que la presente acción ha sido deducida en el marco de la ley especial 24.557, dentro de la cual únicamente encuentran cobertura resarcitoria aquellas consecuencias nocivas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que estén reconocidas en el decreto 659/1996 (...)".

"Toda vez que de las actuaciones administrativas surge que el actor tiene una preexistencia del 4% corresponde establecer la capacidad restante. Esto es: 100%- 4%= 96%. 10% de la capacidad restante es igual a 9,6%. Con los factores de ponderación asciende al 10,75% de la T.O."

"El juicio de causalidad es siempre jurídico. Aún en los casos en que los especialistas lo formulen en forma concreta o asertiva, lo cierto es que es tarea específica de los peritos (...) establecer la existencia de la enfermedad y su posible etiología, pero incumbe a los jueces evaluar las circunstancias de cada caso concreto y en su caso la determinación y alcance de dicho nexo."

"(...) la metodología establecida por el art. 11 de la ley 27.348 constituye un mecanismo legal destinado a recomponer el crédito mediante la actualización de la base salarial y que, por ello, queda desplazada la eventual aplicación de la doctrina de 'Barrios' cuando aquella normativa ha sido efectivamente aplicada."

En su voto, la Dra. Thompson descartó la incapacidad física por no haber sido reclamada en la demanda, en virtud del principio de congruencia (art. 726 CCCN).

¿Cómo votaron los jueces?

propuso, con base en la Res. SRT 39/2026 y en la doctrina de "Lucca de Hoz" de la CSJN, un piso mínimo de $114.354.110 para la cuantificación de la reparación sistémica, por considerar exigua la suma resultante del cálculo; esta propuesta no integró la decisión mayoritaria.