ROMERO MIRTA GRACIELA C/ FISCALIA DE ESTADO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

MIRTA GRACIELA ROMERO.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CAJA DE RETIRO, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento del derecho a que la bonificación por antigüedad se liquide en un 3% respecto de la totalidad de los años de servicio, con declaración de inconstitucionalidad de las normas que fijaron un porcentaje inferior o lo eliminaron, con reconocimiento retroactivo de las sumas no prescriptas, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

hace lugar a la demanda, reconoce el derecho a la liquidación y pago de la bonificación por antigüedad conforme a los alcances fijados, declara la inconstitucionalidad de las leyes 11.739, 11.905 y sus similares, y del decreto 240/96; impone las costas a la demandada vencida y difiere la regulación de honorarios hasta la aprobación de la liquidación. La condena no alcanza a la Caja de Jubilaciones por no haber sido demandada en forma adecuada para ejercer su derecho de defensa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre el carácter de la reducción: "...en los hechos ellas implicaron una reducción de haberes, razón por la cual se excluyó a los jueces y cargos asimilables."

Sobre los requisitos para reducir salarios: "...el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria..."

Sobre la ausencia de los requisitos en el caso: "...no hubo una situación excepcional de emergencia... y no fueron de carácter temporario, lo cual surge del propio texto de las normas, pues al día de hoy nueve años se siguen abonando con la disminución."

Sobre la progresividad: "...si se había llegado en 1995 a que se bonifique la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso en aquello que fuera conquistado, incompatible con la cláusula constitucional citada."

Sobre la igualdad: "...no hay peor injusticia que tratar igual a los desiguales..."; el entendimiento de que la excepción del decreto 240/96 alcanzaba a dependientes del Poder Judicial que no eran magistrados, lo que resulta inconstitucional por violar la cláusula de igualdad.

Sobre la prescripción: se rechaza la prescripción total por tratarse de un hecho continuado; la prescripción parcial alcanza a las sumas devengadas con más de dos años de anterioridad a la demanda o reclamo administrativo.