A., A. G. c/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES - OSECAC Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986

¿Quién es el actor?

A. G. A.

¿A quién se demanda?

Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) y Estado Nacional – Ministerio de Salud.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

provisión de una prótesis ocular derecha de PMMA hipoalergénica y cobertura de los controles médicos correspondientes, por deterioro de la prótesis implantada en 2019 y rechazo de la obra social a un nuevo pedido formulado en diciembre de 2024.

¿Qué se resolvió?

se hace lugar parcialmente a la apelación del Estado Nacional – Ministerio de Salud y se modifica la sentencia de primera instancia, dejando establecido que la obligación principal de brindar la cobertura corresponde a OSECAC y que la responsabilidad del Estado Nacional reviste carácter subsidiario. Se confirma la sentencia apelada en lo demás, incluida la imposición de costas en origen y los honorarios regulados a favor del Dr. Ariel Hernández. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 68 CPCCN).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ello no implica desconocer que la obligación primaria de brindar la cobertura corresponde, en principio, a la obra social a la cual se encuentra afiliado el actor."

"Sin embargo, dicha circunstancia no excluye la legitimación pasiva del Estado Nacional cuando se encuentra comprometida la tutela judicial efectiva del derecho a la salud, pues su responsabilidad como garante del sistema sanitario deriva de obligaciones constitucionales y convencionales que no pueden ser soslayadas."

"En efecto, la obligación principal de brindar la cobertura de la prestación reclamada corresponde a la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), en su carácter de agente del seguro de salud del actor. Sin embargo, ello no excluye la responsabilidad subsidiaria del Estado Nacional – Ministerio de Salud, quien, en su condición de garante del derecho a la salud y rector del sistema sanitario, conserva el deber de adoptar las medidas necesarias para asegurar el efectivo acceso a las prestaciones requeridas cuando resulte necesario."

Los jueces Di Lorenzo y Faggi adhirieron al voto del Juez Álvarez, por lo que no hubo votos en disidencia.