DENUNCIADO: LIBERMAN , CARLOS DAMIAN s/COACCION (ART. 149 BIS), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y INFRACCION LEY 23.592 (ART.2) QUERELLANTE: CASTELLANO, FERNANDO ALVAREZ Y OTRO

Actor (querellante): Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. y Agropez S.A., representadas por Fernando Álvarez Castellano.

Demandado (imputado): Carlos Damián Liberman, ex Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Denuncia por abuso de autoridad (art. 248 CP) y coacción (art. 149 bis CP), por supuesta persecución mediante sumarios administrativos y multas, y por amenazas proferidas en Vigo, España, en octubre de 2022.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación y se confirmó el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Por mayoría (Carbajo y Borinsky, con adhesión de Hornos en lo sustancial), se consideró que la impugnación no logró rebatir los fundamentos del fallo previo y que no se acreditó un apartamiento consciente y manifiesto del ordenamiento jurídico por parte del funcionario.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

¿Cómo votaron los jueces?

la impugnación carece de fundamentación suficiente para habilitar la casación, pues se limita a una discrepancia sobre la valoración de las circunstancias del caso. Señaló que "la resolución impugnada se encuentra suficientemente sustentada, y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta", y que "la vía casatoria requiere de una fundamentación muy clara y concreta".

¿Cómo votaron los jueces?

"Del análisis de estos dos documentos no se desprende que el referido coeficiente de conversión resultara en sí inexistente. … lo que se desprende de tales actuaciones es un particular enfoque del funcionario interviniente sobre la naturaleza y jerarquía del acto". Sobre la sumariedad, indicó que "la cantidad de sumarios labrados contra Conarpesa y Agropez S.A. en comparación con otras empresas pesqueras no permite inferir la persecución denunciada", y que "los tribunales previos descartaron que las actuaciones administrativas libradas en relación a estas firmas hubieran obedecido a la existencia de una persecución dirigida en su contra".

¿Cómo votaron los jueces?

"la discusión acerca de si la nueva resolución mantuvo, complementó o modificó la normativa precedente y sobre la validez de la pauta de conversión empleada configura una controversia interpretativa que cuenta con sus propios cauces de revisión administrativa y contencioso-administrativa". Agregó que "la intervención penal no puede convertirse en una instancia adicional destinada a resolver discrepancias técnicas".

Sobre el episodio de Vigo: los votos coincidieron en que no se estableció una relación causal entre las expresiones atribuidas a Liberman y los procedimientos administrativos cuestionados, y que la cuestión de la territorialidad (art. 1 CP) resultaba secundaria.

Sobre la tutela judicial: se destacó que la denuncia fue investigada durante aproximadamente tres años y que la querella pudo impugnar las decisiones, por lo que se garantizó la doble conformidad.