INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS BARBOZA, DIEGO EDGARDO Y OTROS SOBRE 248 - ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal (Fiscalía PCyF N° 19, Dra. Lorena San Marco), con adhesión del Fiscal de Cámara Dr. Martín Lapadú; la querella también se opuso a la prescripción.

¿A quién se demanda?

Claudio Santiago Ruperto, Eduardo Marcelo Walsh, Darío Edgardo Barboza, Ariel Eduardo Mariosa, Christian Hernán Sosa y Omar Juan José Trejo.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Persecución penal por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 CP), en calidad de coautores (art. 45 CP), por el incendio ocurrido el 2 de noviembre de 2021 en galerías de Bogotá 3365, Bogotá 3375 y Concordia 335, que los imputados no pusieron en conocimiento de la Fiscalía.

¿Qué se resolvió?

La Sala III hizo lugar al recurso fiscal y revocó la decisión del JPCyF N° 31 que había declarado extinguida la acción penal por prescripción. La decisión fue por unanimidad (votos de Mahiques, Franza y Larocca), adhiriendo los dos últimos al voto del primero.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"[…] la suspensión allí prevista no opera de manera automática por el mero hecho de detentar un empleo estatal, sino que requiere que el funcionario posea una jerarquía o proximidad funcional tal que le permita emplear su autoridad o influencia para perjudicar u obstaculizar la investigación penal" — (planteo de la jueza de grado, que la Sala no comparte).

"[…] no existe duda alguna acerca de que los imputados […] formaban parte del numerario de la Comisaría Vecinal 10A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La pertenencia a esa fuerza policial determina que todos ellos revestían la condición de funcionarios públicos […]"

"[…] la regla en trato (artículo 67, segundo párrafo, del CPN) no exige esa jerarquía o posibilidad de obstaculización cierta y que, de convalidarse esa exégesis, bastaría con judicializar cualquier hecho cometido por un funcionario público para evadir lo establecido por el legislador."

Respecto del interruptor del art. 67 inc. d) y el art. 226 CPPCABA, la Sala sostuvo que sólo la primera citación a juicio interrumpe, en línea con su precedente, pero que ello no altera la solución porque la suspensión por función pública resultaba operativa.