ALCALINO, MARIA CLAUDIA c/ ANSES s/REAJUSTES POR MOVILIDAD

¿Quién es el actor?

María Claudia Alcalino.

¿A quién se demanda?

ANSeS.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reajuste de haberes por movilidad, recálculo del haber inicial (PC y PAP), actualización de la Prestación Básica Universal, inconstitucionalidad de las Leyes 27.541 y 27.609 y de los decretos dictados en su consecuencia, aplicación retroactiva de la Ley 27.426, tasa de interés y costas.

¿Qué se resolvió?

la Cámara modificó la sentencia de primera instancia de fecha 22/03/2024 y, en consecuencia, difirió para la etapa de liquidación la determinación de la PBU y tuvo en cuenta lo dispuesto respecto de la Ley 27.609. En lo demás la confirmó, con costas de Alzada en el orden causado y honorarios a la asistencia letrada de la actora del 30% de lo estimado en la instancia de grado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre el recálculo del haber inicial, la Cámara sostuvo: "toda vez que el actor adquirió el derecho al beneficio ya entrada en vigencia la ley 27.426 que introduce la modificación al art. 2° de la ley 26.417, debe estarse a los índices allí establecidos a los fines de actualizar las remuneraciones a considerar para el cálculo de la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia." Y agregó que "deviene inaplicable la doctrina del fallo 'Blanco' del Alto Tribunal en virtud del cual se dispuso la aplicación de la doctrina del caso 'Elliff', ya que con el dictado de la ley 27.426 el Congreso reasumió la potestad de fijar los indicadores que dan adecuada respuesta en el caso."

Sobre la PBU, el Tribunal resolvió "diferir el análisis sobre la suma final a la que ascendería la PBU a la etapa de liquidación de la sentencia, tal como lo dispuso el Alto Tribunal en el precedente 'Quiroga'".

Sobre la Ley 27.609, se afirmó que "la movilidad prevista por el art. 1 de la mencionada normativa resulta violatoria del derecho de propiedad y de la garantía contemplada en el art. 14 bis de la CN", declarando su inconstitucionalidad para el caso concreto y utilizando el IPC hasta la entrada en vigencia del Decreto 274/24.

Se rechazó el agravio sobre la inconstitucionalidad de la Ley 27.541 y sus decretos reglamentarios, a los que se reconoció constitucionalidad.

Se confirmó la tasa de interés fijada en primera instancia y la imposición de costas en el orden causado de la instancia de grado, con remisión a precedentes sobre la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley 24.463.