Legajo Nº 42 - QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTRO IMPUTADO: JOANNIER, PHILIPPE YVES HENRI Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

Demandante/Actor: Las defensas particulares y públicas de los imputados (Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Fernando Gabriel Celaya, Christian Armand Augustin Abeillon, Phillipe Yves Henri Joannier, Marie Francois Giraudon, Michael Basciano, Silvia Zyla, Ignacio Héctor Borthaburu, Santiago Virgilio Tedín Uriburu y Luis Pablo Cremona).

¿A quién se demanda?

Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, que el 29 de mayo de 2026 actualizó los montos de los embargos decretados en la causa CCC 19888/2009/TO1.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la actualización de los montos de embargo mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fijados originalmente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal el 25 de noviembre de 2019. Los montos actualizados fueron de $31.233.448.408,32 (Joannier y Abeillon), $24.986.758.734,97 (Giraudon y Basciano) y $18.740.069.020,04 (resto de los imputados).

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron los recursos de casación y se confirmó la actualización de los embargos. La Cámara sostuvo que el tribunal oral no modificó el método de cálculo ni los parámetros fijados en 2019, sino que actualizó los montos nominales por la depreciación monetaria transcurrida desde esa fecha.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

¿Cómo votaron los jueces?

"Contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, el magistrado a quo no modificó, mediante la resolución aquí impugnada, el cálculo de los embargos fijado por esta Alzada y consolidado por la decisión firme del 25 de noviembre de 2019. Lo que hizo -a instancias de la petición formulada por el Ministerio Público Fiscal, a la que adhirió el Banco Central de la República Argentina- fue actualizar los montos entonces establecidos, en atención al tiempo transcurrido desde aquel pronunciamiento y a la depreciación de la moneda nacional operada en dicho lapso. Se trata de dos operaciones distintas: modificar el método importaría alterar la base de cálculo o el criterio empleado para arribar a una cifra, mientras que actualizar un monto ya fijado consiste en expresar en valores actuales una suma cuyo cálculo no se cuestiona ni se altera."

Sobre la pena anticipada: "El embargo preventivo regulado por el art. 518 del C.P.P.N. constituye una medida cautelar de naturaleza instrumental, cuya función se circunscribe en asegurar el eventual cumplimiento de la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso."

Sobre el plazo razonable: los recurrentes "omiten ponderar que los embargos (que motivan el planteo) fueron dictados en el marco de los autos de procesamiento, es decir el 30/6/2016", y no valoran "la complejidad del caso, la cantidad de imputados (14), ni el grado de avance del proceso".

¿Cómo votaron los jueces?

"No se ha alterado el método; se ha preservado el valor." Agregó que, en un contexto inflacionario, negar la actualización "implicaría consentir la licuación fáctica de la garantía judicial por el mero transcurso del tiempo", y que la elección del IPC en lugar de la tasa activa del BNA es "una facultad técnica del juzgador".

Votaron por rechazar todos los recursos, sin costas, y tener presentes las reservas del caso federal. No hubo votos en disidencia.