GAGGERO JUAN JOSE s/RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N°558

¿Quién es el actor?

Juan José Gaggero, imputado en causa por lesiones graves (art. 90 del Código Penal), a través de su defensa.

¿A quién se demanda?

Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, que denegó el recurso de casación contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 de autorizar la filmación del debate y su reproducción por un canal de televisión contra la voluntad del imputado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

revocación de la autorización de filmación y difusión del juicio oral, invocando afectación de los derechos a la intimidad, dignidad e imagen (arts. 14, 18, 19 y 32 de la Constitución Nacional y art. 1071 bis del Código Civil).

¿Qué se resolvió?

se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, devolviendo los autos para nuevo pronunciamiento. La mayoría no se pronuncia sobre el fondo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"los agravios relativos a la afectación de los derechos a la intimidad, dignidad y difusión de la imagen no son susceptibles de oportuna reparación ulterior, lo que determina que la resolución impugnada sea equiparable a definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48." Y: "la omisión de tratar los agravios 'actuales' fundados en disposiciones constitucionales, adoptada sobre la base de considerar que el pronunciamiento no tiene carácter definitivo, carece de sustento válido y corresponde su descalificación como acto jurisdiccional por aplicación de la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias, lo cual torna inoficioso el tratamiento de los demás planteos del recurrente, sin que lo expuesto implique abrir juicio sobre el fondo del asunto."

Se desestimó la aplicabilidad del precedente "Servini de Cubría" (Fallos 315:1943) porque los agravios no se dirigían contra la emisión de la empresa sino contra la autorización judicial, y porque la licencia judicial dota de licitud a la emisión posterior.

¿Cómo votaron los jueces?

sostuvo que el planteo constitucional del art. 19 CN era tardío, al no haberse introducido en la primera oportunidad procesal, y que el a quo era competente para resolver la prohibición de difusión, pero que su fundamentación de incompetencia era aparente y arbitraria. Propuso dejar sin efecto la sentencia sólo en ese punto, devolviendo el expediente para un pronunciamiento no arbitrario sobre la competencia.