RIO SECO S.A. c/ ESTADO NACIONAL Y OTRO s/ORDINARIO

¿Quién es el actor?

Río Seco S.A.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (Dirección General Impositiva, representada por el doctor Arturo Edgar Petrino como gestor de negocios).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de los arts. 5 a 9 de la ley 23.697, del título II de la ley 23.658 (y sus reglamentaciones) y de los arts. 45 y 46 del decreto 435/90, con repetición de los pagos efectuados en su consecuencia.

¿Qué se resolvió?

La Corte admitió la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que había declarado la nulidad de todo lo actuado por el gestor de negocios a partir de su presentación de fs. 448. Las costas de todas las instancias se impusieron a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Si bien es cierto que, en principio, las decisiones de índole procesal que no resuelven el fondo de la cuestión controvertida no son impugnables por la vía del recurso extraordinario (…), no lo es menos que cabe equiparar el auto interlocutorio apelado a un pronunciamiento definitivo cuando concurre un supuesto de privación de justicia que afecte en forma directa el derecho de defensa en juicio (…)." (Considerando 4°)

"…la aplicación de preceptos procesales excede de una manera irrazonable los límites que impone el respeto de la garantía de la defensa, la cual requiere que se dé a los interesados ocasión adecuada para ser escuchados en sus razones, pues si bien el contenido de las normas rituales tiene una reconocida importancia que exige su riguroso cumplimiento, su desnaturalización, su sobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina por convertir a esos imprescindibles preceptos en una suerte de trampas o valladares tendientes a frustrar el derecho constitucional al debido proceso…" (Considerando 6°)

"…la declaración de nulidad que como consecuencia de esta circunstancia extrajo el a quo importa un excesivo e injustificado rigor formal, en tanto cualquier duda acerca de la autenticidad de dicha copia pudo fácilmente despejarse intimando a su presentante a que subsanara aquella eventual deficiencia o, en su caso, exigiendo la presentación del original…" (Considerando 7°)

"No puede entenderse, como lo hace la cámara, que el ejercicio de esa potestad se encuentra circunscripta a los juicios en los que se persigue el cobro de tributos…" (Considerando 8°)

"…toda vez que el propósito de la ley 17.516 es el de asegurar la defensa del Estado en todos los sectores de la administración -como se expresa en su art. 5°- resulta equivocada la interpretación que ha efectuado el a quo de su art. 1°…" (Considerando 9°)