CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION PARA LA ACTI VIDAD DOCENTE c/ SAN LUIS, PROVINCIA DE s/EJECUTIVO

¿Quién es el actor?

Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente.

¿A quién se demanda?

Provincia de San Luis (Poder Ejecutivo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de una sentencia dictada por la Corte Suprema en su instancia originaria.

¿Qué se resolvió?

Se desestimaron los planteos formulados por la Provincia a fs. 88/89, 103/107 y 110, que pretendían la "revisión" de la providencia del secretario de Juicios Originarios y la aplicación de la ley local 5071 para suspender la ejecución.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Todas las circunstancias apuntadas excluyen entonces la pretendida asimilación que efectúa la provincia al supuesto contemplado en el art. 38 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación." (considerando 5°)

"Mal puede sostenerse que el plazo para cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ejercicio de su jurisdicción originaria debe computarse desde un reclamo administrativo impuesto por una disposición local no invocable en esta instancia." (considerando 10)

"...admitir esa posición, esgrimida por el Estado provincial, importaría asentir que por medio de disposiciones provinciales se afectase la distribución de competencias establecidas en la Constitución Nacional, lo que resulta inaceptable..." (considerando 12)

"Los estados federales no sufren menoscabo alguno de su autonomía al comparecer ante este Tribunal... La igualdad de las personas del derecho determina que los estados provinciales se encuentren sujetos a la natural coerción que emana de los fallos judiciales..." (considerando 12)

"...a ese fin, no es suficiente efectuar afirmaciones genéricas" (considerando 13), en relación con la invocación de indispensabilidad de los recursos provinciales.

Asimismo, la Corte recordó que las leyes provinciales que pretenden sustraer bienes y rentas a la acción de los acreedores "no pueden ser válidamente invocados, pues las relaciones entre acreedor y deudor son de la exclusiva legislación del Congreso Nacional" (considerando 11, citando Fallos: 188:383).