GOTHELF, CLARA MARTA c/ SANTA FE, PROVINCIA DE s/DAÑOS Y PERJUICIOS.-

¿Quién es el actor?

Clara Marta Gothelf, por sí y en representación de sus hijos menores Luciano Javier Vaquero, Diego Hernán Vaquero y Martín Daniel Vaquero.

¿A quién se demanda?

Provincia de Santa Fe (y/o el Servicio Penitenciario provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reparación del daño moral sufrido por la cónyuge supérstite y sus hijos por la muerte de Juan José Vaquero, interno alojado en la Unidad Carcelaria n° 1 de Coronda, quien fue apuñalado por otros internos y posteriormente trasladado y arrojado en una celda vacía.

¿Qué se resolvió?

la Corte hizo lugar a la demanda y condenó a la Provincia a pagar $ 387.500 dentro de treinta días, con más intereses y costas. Por mayoría de cinco votos, la suma se distribuyó en $ 87.500 para la cónyuge y para cada uno de los hijos Martín Daniel y Diego Hernán, y $ 125.500 para Luciano Javier. Los intereses corren desde el 3 de enero de 1997 a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en descuentos ordinarios. Los ministros Belluscio y Petracchi, en disidencia parcial, propusieron reducir la indemnización a $ 175.000 (montos de $ 37.500 y $ 62.500). Los ministros Nazareno y Maqueda, en disidencia parcial, aceptaron el monto total de $ 387.500 pero propusieron que los intereses se calculen a la tasa pasiva del Banco Central.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas, proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija (art. 18 de la Constitución Nacional)." (considerando 2°, citando Fallos: 318:2002)

"...la cláusula tiene contenido operativo. Como tal impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral." (considerando 2°)

"La seguridad, como deber primario del Estado no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también... los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas de control penitenciario." (considerando 2°)

La sumario administrativo acreditó que los celadores Juan Ramón Pizarro y Omar Ramón Rodríguez fueron sancionados con arresto de ocho días por omisiones de control (puerta de acceso abierta, barras de seguridad tiradas, pérdida del control directo). Según el considerando 4°, "tal comportamiento de sus dependientes importa la omisión de sus deberes primarios y constituye una irregular prestación del servicio a cargo de la autoridad penitenciaria", lo que compromete la responsabilidad provincial.

Respecto de la cuantía, el considerando 5° (voto de la mayoría) fija el daño moral en la suma indicada, considerando para Luciano Javier, de 11 años al momento del deceso, "la particular significación que a esa edad tuvo el trágico hecho".

¿Cómo votaron los jueces?

propone reducir los montos a $ 37.500 para la cónyuge y para cada uno de los hijos Martín Daniel y Diego Hernán, y $ 62.500 para Luciano Javier, totalizando $ 175.000. No prevaleció.