Matmetal S.A. c/ Tamse Y OTRO s/daños y perjuicios

¿Quién es el actor?

Matmetal S.A.

¿A quién se demanda?

Tamse (en el juicio principal); el Estado Nacional es quien recurre en esta instancia, como parte demandada en la ejecución de honorarios.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cancelación de honorarios del letrado de la actora mediante bonos de consolidación.

¿Qué se resolvió?

se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada y se devuelven los autos para que se dicte un nuevo fallo. Se exime al Estado Nacional de integrar el depósito diferido.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"a partir de la consolidación -que opera de pleno derecho- se produce la novación de la obligación originaria y de cualquiera de sus accesorios, por lo que solo subsisten para el acreedor los derechos derivados de la consolidación (art. 17 de la ley 23.982, a la que remite el art. 13 de la ley 25.344). Ello impone que el interesado se someta a las disposiciones de la ley a fin de percibir los créditos que les son reconocidos."

"las normas que regulan el régimen de consolidación de la ley 25.344 y su prórroga por ley 25.725, tanto como sus modificaciones -en el caso, las introducidas por las leyes 25.827 y 26.546-, resultan de aplicación inexcusable atento a la imperatividad e irrenunciabilidad de las disposiciones que revisten carácter de orden público (art. 16, ley 23.982; Fallos: 317:739; 319:2931; 326:1637) y alcanzan a los efectos no cumplidos de las sentencias, aunque hubiesen tenido principio de ejecución, o solo reste efectivizar su cancelación."

"la validez constitucional de la modificación de las condiciones de pago originalmente establecidas en las leyes 23.982 y 25.344 ha sido reconocida por el Tribunal en la causa L.322.XLVI 'Llerena, Walter Abraham c/ Empresa Ferrocarril General Belgrano'."

"la normativa aplicable al pago con bonos de consolidación de la ley 26.546 sí prevé el cálculo de intereses entre el 31 de diciembre de 2001 y el 3 de enero de 2010 (art. 7° inciso a de la resolución 15/2010 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)."

Se admite la queja pese a que las decisiones de ejecución no son definitivas, por causar un gravamen de insusceptible reparación ulterior (Fallos: 317:1071; 322:1201; 324:826).