GCBA s/EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ejecutante).

¿A quién se demanda?

Telmex Argentina S.A. (ejecutada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro de $45.666,71, con más intereses y costas, en concepto de "contribución por ocupación del subsuelo de la vía pública" por los períodos indicados en el título ejecutivo.

¿Qué se resolvió?

la Corte hizo lugar a la queja, declaró formalmente procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, ordenando que se dicte nuevo pronunciamiento conforme a lo decidido. Con costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Aun cuando las decisiones dictadas en los procesos de ejecución fiscal no constituyen, en principio, sentencia definitiva que haga viable la apelación extraordinaria -pues hacen cosa juzgada formal, únicamente en lo relativo al procedimiento de apremio, y no impiden el debate de la cuestión de fondo en un proceso ulterior-, dicha regla cede en casos de excepción como el presente, pues la decisión de la cámara ... al negar el carácter 'público' del servicio de telecomunicaciones cuya prestación le fue concedida a Telmex mediante resolución 468/2000 de la Comisión de Comunicaciones Nacionales y, al entender que, como consecuencia de ello, la actividad desarrollada por esa empresa no se encontraba amparada por la exención establecida en el arto 39 de la ley 19.798, resolvió el fondo de la controversia y frustró, de esa manera, la posibilidad de que aquella pueda invocar útilmente dicha cuestión en un juicio posterior."

"Si bien la citada resolución 468/2000 no expresa que la empresa sea prestadora de un 'servicio público de telecomunicaciones' ni en su texto se han empleado los términos 'servicio público', ello no puede conducir a ocultar la verdadera naturaleza pública de la actividad de Telmex, ni a desconocer el ámbito de protección que la ley federal le otorga a tal actividad y que este Tribunal ha reconocido en numerosos precedentes."

El artículo 39 de la ley 19.798 reservó, para la ubicación de instalaciones y redes, un uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público, estableciendo que dicho uso "estará exento de todo gravamen".

La Corte cita como precedentes, entre otros, Fallos 320:162; 333:255; 334:139 y 337:858.