INGREDION ARGENTINA S.A. c/ CORDOBA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Ingredion Argentina S.A., sociedad comercial dedicada a la producción y comercialización de ingredientes derivados de la molienda húmeda de granos de maíz, con establecimientos en Baradero y Chacabuco (Provincia de Buenos Aires).

¿A quién se demanda?

Provincia de Córdoba.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción declarativa de inconstitucionalidad (artículo 322 CPCCN) de los artículos 17 y 22, inciso 2°, de la ley 10.324 (impositiva provincial), de las disposiciones normativas 1/2011 (art. 371) y 1/2015 (art. 456), y de las resoluciones DJRGDA-R 18/2016 y 64/2016, por violación de los artículos 8, 9, 10, 11, 16, 28, 31, 75 incisos 1, 10 y 13, y 126 de la Constitución Nacional. Se cuestionaba el cobro del impuesto sobre los ingresos brutos por la actividad de "Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón" con la alícuota residual del 4,75% en lugar del 0,5%, por no poseer establecimiento en Córdoba.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la demanda, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 22 de la ley 10.324 y de la pretensión fiscal fundada en ella, con costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"[L]a aplicación de la ley impositiva 10.324, al gravar a la actora la actividad ya referida con la alícuota 'residual' del 4,75%, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias."

"[Q]ueda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de 'aduana interior' vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio."

En cuanto a la procedencia formal, el Tribunal sostuvo que existió "una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la aplicación de las alícuotas" cuestionadas, lo que generó un "estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica", y que la controversia era "actual y concreta".

En cuanto al fondo, la Corte remitió a los fundamentos de Fallos: 340:1480 y de la causa "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco" (sentencia del 31/10/2017), por existir sustancial analogía.