FERNANDEZ CARLOS AGUSTIN C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Quién es el actor?

Carlos Agustín Fernández, representado por el Dr. Ezequiel Del Valle Celada.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA ART S.A., representada por la Dra. Ariana Ayelen Oporto.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por accidente de trabajo "in itinere" ocurrido el 27/10/2023, mientras el actor regresaba en motocicleta a su hogar, con incapacidad psicofísica del 10,92% de la t.o. Se reclamaba originalmente $9.943.146,00.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal, por mayoría, hizo lugar a la demanda por $4.418.777,52, con actualización por C.E.R. más interés puro del 3% anual, e impuso las costas a la demandada. Declaró la inconstitucionalidad del DNU 669/19, del art. 12 incs. 2 y 3 de la ley 24.557 y de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928. Rechazó los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 8, 21 y 22 de la ley 24.577, arts. 1, 2, 3 y 14 de la ley 27.348 y arts. 1 y 8 de la ley 24.432. Declaró innecesario el tratamiento de los demás planteos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Primera cuestión, voto del Dr. Tropiano: "Sobre el particular considero adecuado rever la postura adoptada en pronunciamientos anteriores en relación al índice utilizado para la debida actualización del crédito. [...] Tal decisión encuentra fundamento en el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa 'Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios' (C. 124.096, sentencia del 17/4/2024), donde se declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928, en cuanto impide la actualización monetaria de las obligaciones de dar sumas de dinero."

"Entiendo que la invalidez del decreto de necesidad y urgencia 669/19 resulta palmaria toda vez que las condiciones de su dictado no logran justiciar la potestad ejercida por el Poder Ejecutivo Nacional. Ello es así toda vez que no se encuentra configurada una situación de emergencia, como así tampoco la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo."

"Asimismo, deviene ineluctable la descalificación constitucional de los incisos 2 y 3 del art. 12 de la ley 24.557 (texto conforme art. 11 de la ley 27.348). Ello es así dado que la norma de referencia se encuentra en flagrante contradicción con la nueva Doctrina Legal establecida por el Superior."

Primera cuestión, voto del Dr. Dos Santos (disidencia parcial sobre la actualización): "Disiento respecto de la actualización del crédito reclamado en autos, previa declaración de oficio de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, y, en su consecuencia, la liquidación practicada, por las siguientes razones: [...] es imprescindible la petición concreta de la inconstitucionalidad y el modo en que la aplicación de la normativa que se impugna perjudica a la integridad del crédito. [...] el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC), esto último no se ha configurado en el caso de marras."

Liquidación: "53 x 2.407 (65/27) x $317.195,88 x 10,92 % = $4.418.777,52, resultado que se encuentra por encima del mínimo legal establecido por la Resol. SRT 39/23."