SANSONE MANZI JORGE LUIS C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ RECURSO CONTRA DECISION COMISION MEDICA JURISDICCIONAL. LEY 14997

¿Quién es el actor?

SANSONE MANZI JORGE LUIS, enfermero de la MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR, afiliado a la ART demandada.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción ordinaria de revisión (art. 2 inc. j, Ley 15.057) contra la resolución homologatoria de la Comisión Médica Jurisdiccional (Expte. SRT 303077/21), que reconoció el carácter profesional de la enfermedad COVID-19 pero determinó que el trabajador no presentaba incapacidad. El actor reclamó prestaciones dinerarias conforme Ley 27.348 sobre una incapacidad del 20% de la T.O., por $998.659.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la acción de revisión. Se fijó una incapacidad parcial y permanente del 16,03% de la T.O., que incluye incapacidad física, psíquica y factores de ponderación, con relación causal con el accidente de trabajo. Se condenó a la ART a abonar $569.187,47 con más intereses a tasa activa del Banco de la Nación desde el 12/07/2020, con intereses moratorios conforme art. 12 Ley 24.557 (t.o. Ley 27.348), costas a la demandada y diferimiento de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El perito médico concluyó en una incapacidad psicofísica del 18,86% de la T.O., que el Tribunal corrigió de oficio por error metodológico en la aplicación de los factores de ponderación. Sobre esa base, y considerando una preexistencia acreditada del 15% (Expte. N° 0190-0000071798/14), se aplicó la fórmula de Balthazard y se obtuvo el 16,03% de la T.O. Según el voto del Dr. Colotta: "tengo por probado que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 16,03 % de la T.O., la que incluye incapacidad física, psíquica y factores de ponderación en relación causal con el accidente de trabajo de autos (Art. 375 del CPCC)."

Respecto de los planteos de inconstitucionalidad, el voto los declaró abstractos: "Atento las circunstancias fácticas y jurídicas en que se funda la acción y el modo en que se resuelve, los planteos de inconstitucionalidad interpuestos resultan abstractos." Se consideró que el actor cumplió la instancia administrativa previa obligatoria (art. 1, Ley 27.348) y que el Tribunal es competente.

Sobre la inaplicabilidad del DNU 669/19, el voto remitió a la doctrina de la SCBA en la causa L. 129.800 "Muzychuk": "resultan inaplicables en la especie las prevenciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19."

Sobre el cálculo indemnizatorio, se aplicó el art. 14 inc. 2 a) de la Ley 24.557. Al resultar el monto de la fórmula ($281.301,98) inferior al piso mínimo proporcional ($474.322,89), se aplicó este último, y se adicionó la prestación del art. 3 de la Ley 26.773 (20%, $94.864,58).

Se consideró que el daño psicológico, aunque no había sido incluido en el reclamo administrativo, quedaba comprendido porque el perito lo vinculó causalmente al hecho traumático.

La decisión fue por unanimidad: los tres magistrados adhirieron al voto del Dr. Colotta.