VILLANUEVA CESAR DANIEL C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Quién es el actor?

VILLANUEVA CESAR DANIEL, operario de COVELIA S.A., que sufrió el 07/03/2020 un golpe de una boca de tormenta en la pierna derecha mientras levantaba una bolsa de residuos.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., aseguradora de riesgos del trabajo de la empleadora.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

resarcimiento por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo, en los términos de la ley 24.557 y sus modificatorias. La Comisión Médica Jurisdiccional había dictaminado ausencia de incapacidad, dictamen que fue objeto de la demanda.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal hizo lugar a la demanda y condenó a la aseguradora a abonar $24.909.799,69 en concepto de prestación dineraria del art. 14 ap. 2 inc. b) de la ley 24.557, con intereses compensatorios de $9.815.143,54, para un total de $34.724.943,23. Impuso costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Pericia médica: "el actor padecía un 13,5% de incapacidad parcial y permanente por: Por síndrome meniscal interno de la rodilla derecha con signos objetivos (edema peri rotuliano palpable, limitación de la flexión, hipotonía del cuádriceps) 10%." Recalculados los factores de ponderación, el Tribunal fijó la incapacidad en "11,7 % de la T.O."

Inconstitucionalidad del DNU 669/19: "este Tribunal siempre ha considerado con relación al decreto 669/19 que el mismo resulta inconstitucional como decreto de necesidad de urgencia dado que no cumple con los requisitos exigidos por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional a esos efectos." Se remitió a la SCBA en "Muzychuk" (L. 129.800).

Actualización: "el menoscabo que sufre el resarcimiento del actor como consecuencia del proceso inflacionario afecta su dignidad y el derecho de propiedad, desatendiendo uno de los objetivos del Derecho que es la reparación de los daños". Con base en "Barrios" (SCBA, L. 124.096, sent. del 18-4-2024), "en este caso en particular, la aplicación literal de las previsiones de la Ley 24.557 y sus modificatorias resultan insuficientes e irrazonables", y se decretó la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928 (texto ley 25.561), con actualización del IBM por RIPTE.

Planteos generales: "los mismos deben ser rechazados por resultas abstractos e inoficiosos", por carecer de agravio concreto.