ODORIZZI MARIANELA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL S/ AMPARO POR MORA

¿Quién es el actor?

ODORIZZI MARIANELA, con apoderado Dr. Daniel Alejandro BIDERBOST.

¿A quién se demanda?

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

que se libre orden judicial de pronto despacho respecto del expediente administrativo N° 021557-723462-0-26-000, correspondiente a la solicitud de beneficio jubilatorio de prestación ordinaria tramitada por modalidad Jubilación Digital. La actora percibe un anticipo jubilatorio equivalente al 60% del cargo al egreso.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la acción de amparo por mora y se ordenó al Instituto despachar el expediente administrativo en el plazo perentorio de treinta días desde la notificación, bajo apercibimiento de las sanciones que correspondan. Se impusieron las costas a la demandada vencida y se regularon los honorarios del letrado patrocinante en cinco (5) unidades arancelarias JUS, con más el 10% de aporte legal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"la naturaleza y finalidad del juicio de amparo por mora no es otra que lograr el pronto despacho de las actuaciones administrativas que se estiman indebidamente dilatadas y, por ello, la resolución que se emita al respecto no implica expedirse sobre la cuestión de fondo que originara el pedido."

"el tiempo transcurrido entre que el actor presentó su petición en sede administrativa 27/04/2026, hasta la fecha de inicio del presente proceso 18/08/2026, ha superado en exceso los plazos máximos fijados por la norma."

"Sentado lo expuesto y habida cuenta que los principios procedimentales y los plazos aplicables al caso, contemplados en el artículo 77 del citado decreto-ley N° 7.647/70 se encuentran vulnerados y no advirtiéndose causa que justifique la demora, corresponde acoger la pretensión deducida."

Se citó el estándar de la Corte Interamericana según el cual una demora prolongada en un procedimiento administrativo configura, en principio, una vulneración del artículo 8 de la CADH, correspondiendo al Estado demostrar que la lentitud obedeció a la complejidad del caso o a la conducta de las partes.