Incidente Nº 1 - IMPUTADO: LEIVA, WALTER RAMON s/INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal.

¿A quién se demanda?

Sentencia/partes previas de la causa — Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y Juzgado Nacional de Ejecución Penal n.º 1 (en el marco de la causa sobre Walter Ramón Leiva).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugnó la sentencia de la Sala que rechazó el recurso de casación contra la resolución del Juzgado de Ejecución que declaró la inaplicabilidad del art. 14, segunda parte, CP (cfr. ley 25.892) respecto de la pena de prisión perpetua y fijó fecha de revisión 19/10/2039.

¿Qué se resolvió?

La Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (art. 14, ley 48).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Sobre el particular, la recurrente se ha limitado a reiterar los argumentos expuestos en su recurso de casación, pero sin desvirtuar ni criticar razonadamente los fundamentos de la sentencia dictada por esta Sala. Esto evidencia entonces que su planteo refleja una mera expresión de disconformidad con lo decidido, lo que no es idóneo para sustentar el recurso aquí interpuesto (Fallos: 325:1905, resuelto por remisión al dictamen del Procurador General de la Nación)."

"Con respecto al momento procesal para discutir las condiciones bajo las cuales el condenado podrá acceder a la libertad condicional, la fiscalía no aportó nuevos y fundados argumentos que justifiquen no aplicar al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente 'Guerra' [Fallos: 347:1770. Al respecto, recuerdo que el máximo tribunal puso de relieve en esa oportunidad que '...el Ministerio Público Fiscal no ha explicado cómo armoniza su interpretación respecto de la inexistencia de un gravamen actual con el mandato de certeza contenido en el principio de legalidad que surge de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional…' (véase el considerando 12)."

"En cuanto al segundo agravio, en el voto que encabezó el acuerdo —al que adhirió el juez Morin— señalé que, de los términos de la resolución emitida por el juzgado de ejecución, surge que se ha brindado un adecuado tratamiento al control de constitucionalidad de la regla en juego, más allá de la terminología utilizada al decidir. A su vez, el juez Morin destacó que la jueza de grado declaró la inaplicabilidad del art. 14, segunda parte, CP (cfr. ley 25.892) '...por resultar incompatible con lo establecido en los arts. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –cfr. art. 75 inc. 22, CN–, que específicamente prevén el principio de resocialización como fin esencial de la ejecución de la pena, del cual el régimen de progresividad y de libertad condicional son inherentes a la pena perpetua', de modo que '...es evidente que la inaplicabilidad del art. 14, segunda parte, CP (cfr. ley 25.892) deriva, en este caso, de la inconstitucionalidad de tal disposición'."

¿Cómo votaron los jueces?

Se deja constancia de que el juez Daniel Morin no emitió voto por aplicación del art. 23, último párrafo, CPPN; por tanto, la decisión se adoptó por los votos concurrentes de los jueces Sarrabayrouse y Días.