PROVINCIA ART S.A. s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO (LABORAL) en CANCHI MARCOS VIDAL C/ PROVINCIA ART SA S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL (EXPTE. N° 40589/2018)

Actor: Daniel Luis Ruscitti y otros Demandado: Prevención ART S.A. Objeto de la demanda: Reclamación por infortunio laboral (accidente o enfermedad laboral) conforme ley especial de seguridad social.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal Superior de Justicia admitió el recurso de queja deducido por Prevención ART SA y revocó la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en cuanto disponía la actualización e intereses de la indemnización. Se resolvió que el interés de la indemnización debida a la actora se calcule de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 24557 (texto conforme el DNU 669/2019), utilizando específicamente la fórmula: "Índice RIPTE correspondiente a la fecha en la que debe ponerse a disposición la indemnización" dividido "Índice RIPTE correspondiente a la fecha de la primera manifestación invalidante" menos "1" multiplicado por "100". Fundamentos principales de la decisión: La sentencia de mayoría remite a los fundamentos expuestos en el precedente "ASOCIART S.A. ART s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO (LABORAL) en VALDEZ CARLOS ALBERTO C/ ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO s/ ACCIDENTE – LEY ESPECIAL (EXPTE. N° 49351/2017)" y señala que: "corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia recurrida y establecer que la base de cálculo de la indemnización debida a la actora debe incrementarse en función de la tasa de variación del RIPTE correctamente medida". Voto en disidencia (Jueza Alicia E. C. Ruiz): La jueza, aunque admitía formalmente la queja, rechazaba el recurso de inconstitucionalidad por insuficiencia de fundamentación. Argumentaba que: "El recurso de inconstitucionalidad traído a conocimiento del Tribunal luce insuficiente, en tanto no expone una crítica concreta y razonada de los argumentos desplegados en la resolución de la Sala de origen". Sostenía que la recurrente solo había efectuado "una mera enumeración, en forma genérica, de presuntas lesiones constitucionales" sin dotar de eficacia argumentativa a las referencias jurisprudenciales. La disidencia enfatizaba dimensiones de derechos fundamentales en materia laboral: "No debe soslayarse que la fórmula utilizada por la Cámara busca mantener la intangibilidad y el valor real del crédito de la persona trabajadora, quien, en definitiva, resulta ser sujeto de tutela constitucional y convencional preferencial, lo que se acentúa cuando el reclamo persigue la reparación de un daño en su salud". Asimismo, indicaba que la empresa demandada, como aseguradora de riesgos del trabajo, "es un riesgo inherente y previsible en su actividad lo relativo a las variaciones de las tasas de interés y el escenario de fluctuaciones económicas", concluyendo que "trasladar en los hechos el costo de la desvalorización monetaria a la persona trabajadora víctima de un percance laboral" desvirtuaría "el carácter reparador, integral y actual del crédito, que además reviste carácter alimentario". Se menciona además el marco convencional de protección: el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y los Convenios de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores.