OLATTE BERNARDO ANDRES Y OTRO/A C/ SALAZAR MATIAS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Bernardo Olatte, en su carácter de socio gerente de ARIBER TOUR S.E.V.T. S.R.L. Demandado: Jorge Zalazar y Matías Zalazar (conductores/propietarios) y la aseguradora Caja de Seguros S.A. citada en garantía. Objeto: Daños y perjuicios por accidente automotor (destrucción total del vehículo Toyota Corolla dominio OHI 766): valor de mercado del rodado, desvalorización, privación de uso (lucro cesante) y daño moral; más actualización/actualización monetaria conforme a la doctrina “Barrios”. Decisión: La Cámara revocó parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó definitivamente el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, disponiendo que el examen sobre la procedencia de la actualización monetaria solicitada bajo la doctrina "Barrios" se difiera para la etapa de ejecución de sentencia; confirmó la sentencia en lo demás (admitiéndose $16.500.000 por destrucción total, rechazándose desvalorización, privación de uso y daño moral), impuso costas de Alzada 70% a la actora y 30% a la aseguradora, y declaró desierto el recurso de apelación de la citada en garantía.
- Fundamentos principales de la decisión (textos transcritos del fallo; citas textuales relevantes): 1) Sobre el diferimiento del control constitucional (voto mayoritario del Dr. Mercado): "El test de constitucionalidad sobreviniente que impone la doctrina 'Barrios' no debe juzgarse en abstracto ni sobre hipótesis intermedias: su verificación cobra virtualidad propia al momento del efectivo pago. De allí que convalidar hoy un rechazo definitivo resulta improcedente; incluso si se hiciera la salvedad de que 'en el futuro podrá revisarse', lo que, además, encerraría una contradicción procesal insalvable con la autoridad de la cosa juzgada (arts. 17 y 18 CN). La solución armónica y dogmáticamente adecuada ... consiste en advertir que el planteo invalidatorio formulado en la sentencia de mérito resulta prematuro, correspondiendo diferir el examen de constitucionalidad para la etapa de ejecución de sentencia." 2) Sobre la pauta del 20% y su alcance: "Será entonces al momento del pago cuando, practicada la liquidación del capital de condena con los intereses dispuestos en origen y confrontado dicho importe con el resultante de actualizar el capital desde la fecha del peritaje (julio de 2025) por el IPC (nivel general del INDEC) con más un interés puro del 6 % anual desde el hecho, el magistrado de ejecución deba apreciar, en función de la brecha resultante y bajo las pautas de equidad y no enriquecimiento indebido (considerando V.17.d de 'Barrios'), si se configura o no una lesión de magnitud sustancial al derecho de propiedad que torne imperativa la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar para el caso concreto." 3) Sobre la privación de uso y lucro cesante (voto del Dr. Mercado): "En tales condiciones, la partida por privación de uso resulta conceptualmente incompatible con el reconocimiento del valor de reposición por destrucción total ... En el mejor de los casos, ... podría reconocerse una compensación por el tiempo prudencial y razonable que, aun mediando pago inmediato del valor de reposición, la empresa damnificada hubiera requerido para adquirir un rodado equivalente, matricularlo e incorporarlo reglamentariamente a su flota comercial -por ejemplo, 50 o 60 días-; pero de ningún modo puede admitirse una inactividad indefinida de 14 meses pretendida a expensas de la contraria, soslayando el deber de mitigar el daño que impone el art. 1710 CCC." 4) Sobre el daño moral en cabeza de la sociedad: "Las sociedades comerciales ... carecen de subjetividad espiritual, de sentimientos y de afecciones íntimas, por lo que resultan inhábiles para experimentar dolores, zozobras o angustias susceptibles de ser reparados bajo el concepto de daño moral ... La invocada 'incertidumbre de ver comprometida la reputación comercial' constituye, en su caso, un daño de naturaleza estrictamente patrimonial." Disidencia: No hubo voto en disidencia; ambos jueces adhirieron al acuerdo, si bien el Dr. Peralta Mariscal dejó expresa reserva de criterio sobre el diferimiento pero terminó adhiriendo a la solución por respeto a la doctrina de la Suprema Corte.