PENIDA DIANA BEATRIZ c/ ANSES s/AMPAROS Y SUMARISIMOS

¿Quién es el actor?

Penida Diana Beatriz.

¿A quién se demanda?

A.N.Se.S. (Administración Nacional de la Seguridad Social).
- Objeto de la demanda: Se solicitó declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 9 y 12 de la ley 27.705, la Resolución Conjunta AFIP-ANSES N° 5345/2023 y la Circular PREV. ANSES 11-71/23, y que se ordene a ANSES incluir a la actora en el plan de facilidades de la ley 27.705 para obtener la jubilación y sus retroactivos, permitiendo cancelar la deuda en cuotas.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia de grado que rechazó la demanda; se impusieron las costas de Alzada por su orden; se devolvieron las actuaciones al juzgado de origen.
- Fundamentos principales de la decisión (textos transcritos): "Por ello, y toda vez que no surgen configurados agravios de entidad fundamental que justifiquen apartarse de la normativa cuyo desplazamiento se intenta, no corresponde hacer lugar a los planteos de inconstitucionalidad de las normas mencionadas en el escrito de inicio, por no encontrarse conculcado el art. 14 bis de la Constitución Nacional." "En consecuencia, únicamente si se evidencia una arbitrariedad o desigualdad en su implementación o un exceso reglamentario que tergiversa los fines con que fueron dictadas, cabe al juzgador analizar en el caso concreto la viabilidad de las pretensiones que impliquen modificar o alterar su alcance." Además, el voto mayoritario señala que la Ley 27.705 constituye "un régimen excepcional y, transitorio, y está dirigido a aquellas personas que presenten una mayor vulnerabilidad en términos sociales" y que su interpretación debe ser restrictiva para evitar que "se conviertan en regla general".
- Disidencia relevante: El juez Juan A. Fantini Albarranque disintió. Propuso revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 27.705 en cuanto exige la cancelación de la deuda en un único pago, ordenando a ANSES habilitar el pago en cuotas y regular el acceso al beneficio, y además proponiendo imponer las costas a la demandada. Esa posición quedó en minoría y no fue acogida por la Cámara.