RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: David Alejandro Rodríguez, con patrocinio letrado de la Dra. Ana Gabriela Ramírez González. Demandado: PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. Objeto: Indemnización por incapacidad laboral derivada de enfermedad profesional (COVID-19), con invocación de Leyes 24.557, 26.773 y 27.348 y planteos de inconstitucionalidad. Decisión: Se hizo lugar a la demanda; se reconoció la enfermedad profesional y una incapacidad permanente parcial del 5,65%; se condenó a la ART a pagar $447.232,04 dentro de diez (10) días mediante depósito; se declaró inconstitucional e inaplicable el DNU 669/19 al caso; se declaró inaplicable el artículo 7 de la Ley 23.928 según Ley 25.561 y el artículo 12 de la Ley 24.557 (aplicación de la tasa activa del BNA) y se ordenó actualización por IPC con intereses compensatorios del 3% anual; se impusieron costas a la demandada.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de párrafos relevantes del fallo; lenguaje original preservado): "Entiendo así que la enfermedad profesional motivo de autos debe tenerse por reconocida, no resultando necesaria prueba alguna sobre el punto. Y también, como enuncia la demandada y surge de las constancias del expediente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 70.569/23 (agregado digitalmente el 2 de mayo de 2.024), que la primera manifestación invalidante de la misma fue el 3 de septiembre de 2.020." "Con la pericia médica presentada digitalmente el 5 de marzo de 2.026 -que no fuera observada por las partes-, tengo por debidamente acreditado que el actor padece, como consecuencia causal directa de la dolencia padecida, una lesión del primer par craneal (olfatorio), que le provoca una incapacidad del cinco por ciento (5%) de la total obrera. ... a la incapacidad referida debe agregarse la sumatoria de los factores de ponderación establecidos por el perito (0,65% ...), y así obtenemos un CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS POR CIENTO (5,65%) de incapacidad física indemnizable en estos autos." "De tal forma, la indemnización que correspondería al accionante, de conformidad al procedimiento de cálculo fijado por las leyes 24.577 y 26.773 (artículos 12 y 14), será la resultante de lo siguiente: $ 72.761,94 x 53 x 1,7105 (65 ./. 38) x 5,65% = $ 372.693,37. ... A esa suma correspondería agregar la indemnización adicional de pago único ... que asciende a $ 74.538,67 por lo que el total al que ascendería la indemnización tarifada fijada por el sistema de riesgos del trabajo sería de $ 447.232,04." "Atento a ello y a la doctrina legal sentada por el Superior Tribunal Provincial en la causa C. 124.096 'Barrios' ... propongo declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la Ley 23.928 según Ley 25.561 y su inaplicabilidad al presente, como asimismo la del artículo 12 de la Ley 24.557 ... Por tales argumentos, entiendo que corresponde que las sumas de condena se actualicen por depreciación monetaria conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General ... A los importes resultantes de la actualización dispuesta, se adicionarán intereses compensatorios ... que se calcularán a una tasa del tres por ciento (3%) anual." Bloque dispositivo final (transcripción): "el Tribunal RESUELVE: 1°) Declarar la inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad al caso de autos del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19 ...; 2°) Hacer lugar a la demanda promovida por David Alejandro RODRIGUEZ contra PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., ... condenar a la demandada ... la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 447.232,04) ...; 3º) Declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la Ley 23.928 ... y disponer que las sumas de condena se actualizarán y devengarán intereses compensatorios ...; 4°) Imponer las costas del juicio a la demandada en su condición de vencida."
- Votos: el Tribunal resolvió por mayoría/unanimidad; los tres jueces (Casquero, Zicavo y Rodríguez Ponte) adhirieron y el bloque dispositivo final es el que se ejecuta.